La Justicia obligó a Rappi a reincorporar a los despedidos pero la empresa prefirió pagar la multa

Rappi, empresa de delivery colombiana, se instaló hace lagunos años en Argentina y, al igual que otras compañías, obviaron el el convenio 722/15 que rigen la actividad de mensajería y avanzaron con una precarización en sus propias actividades. Frente a esto, se conformó el sindicato llamado Asociación de Personal de Plataformas (APP) que ya obtuvo su simple inscripción en la Secretaría de Trabajo lo que la habilita a la elección de delegados en los establecimientos y su propia comisión directiva.

En respuesta a esto, Rappi decidió el 9 de noviembre de 2018 “bloquear” a los delegados electos como parte de la nueva comisión directiva. Se trata de un despido encubierto ya que no otorgan viajes a sus empleados en una actividad que se remunera por comisión, explicaron en Tiempo Argentino.

Los trabajadores llevaron el caso a la Justicia que ordenó que Rappi “cese con la conducta antisindical desplegada y proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil” para que los trabajadores “continúen prestando servicios”. Además, el fallo determinó una multa de 2000 pesos por cada día en el que la compañía no acate el fallo de reinstalación de los integrantes de la comisión directiva del sindicato APP e intimaba a dar cumplimiento del mismo en el plazo de 24 horas.

Sin embargo la empresa optó por afrontar el gasto y pagar una multa de $58.000 e incumplir el mandato de la Justicia. En declaraciones al portal Estado de Alerta, José Tribuzio, abogado de APP, señaló que “la empresa planteó que no va a cumplir porque es ajeno a su modelo de negocios e hizo el depósito de las multas. Prefiere pagar la sanción hasta que salga la sentencia definitiva. Cumplir va contra su modelo de negocios, prefiere pagar, ni siquiera lo embargamos”.