Hay dos detenidos tras el violento desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza

Con tres fuerzas policial, el Gobierno porteño ordenó hoy un violento desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza que terminó con violencia y dos detenidos. “Denunciamos y repudiamos el desalojo que se está llevando adelante contra la Asamblea de Villa Urquiza y hacemos responsable al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por esta situación y por la integridad física de lxs compañerxs de la Asamblea”, anunció en sus redes la coordinadora antirrepresiva CORREPI.

Los detenidos están en la comisaría Comunal 8, ubicada en Ana Díaz y Cafayate, y distintas organizaciones de derechos humanos llamaron a movilizarse a la misma para exigir su libertad. 

Los vecinos denuncian el intento de negocios inmobiliarios luego de que el año pasado la Legislatura aprobó la venta de los terrenos de Villa Urquiza, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, que ya tiene fecha de subasta para noviembre, Nación se queda con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía”.

Tras esto, se inició un juicio de desalojo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de futbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas. No obstante, la Asamblea de Villa Urquiza no habría sido notificada por lo que no habrían podido ser parte de la defensa legal del lugar.

El espacio nació en plena crisis de 2001 y se convirtió en un símbolo de lucha. Desde entonces, resiste como un lugar de contención, ayuda y formación para el barrio. Funciona a pasos de la estación de tren General Urquiza, sobre Triunvirato, entre Roosvelt y la vía, donde estuvo hace tiempo la pizzería “La ideal”. Sin embargo, hoy ese espacio corre peligro. Un juicio de desalojo realizado por el Estado y del que no recibieron notificación pone en riesgo al lugar. Sus integrantes se encuentran en asamblea permanente, piden solidaridad y denuncian que detrás del desalojo hay un negociado inmobiliario.