Tras la guía sobre el ingreso de la Policía a las escuelas, el ministerio de la Defensa recibió a docentes

Tras la aparición de una polémica del Ministerio Público de la Defensa porteño sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad en las escuelas, este jueves el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti recibió, a rectoras y padres de estudiantes con el objetivo de disipar las inquietudes.

El material comenzó a circular esta semana en las escuelas, y no tardó en generar rechazo. Se trata de una titulada “fuerza pública en la escuela”. Planteaba a las comunidades educativas “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ‘retirar’ a un alumno del establecimiento”.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), así como referentes del Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, repudiaron la publicación, mientras que desde el área comandada Corti admitieron ante la consulta de este medio que se trató de un “error”.

El manual fue retirado de los colegios  por “no reflejar la posición que tiene la institución” respecto de la intervención de las fuerzas de seguridad en establecimientos educativos.  El documento en cuestión señalaba que las fuerzas autorizadas para actuar en la CABA –Policía de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal- “podrán requerir la detención de un estudiante con orden judicial y, como excepción, sin ella”. 

Según detallaron desde el organismo judicial, durante la reunión de este jueves se hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando de manera integrada entre el Ministerio Público de la Defensa y la comunidad educativa. Además, se abordó la intervención del MPD en la defensa de los estudiantes y la asistencia brindada al colectivo de padres en el amparo contra los instructivos y protocolos del Ministerio de Educación porteño, para los casos de tomas de escuelas.

El Defensor General reiteró, especialmente, la condena a cualquier forma de intervención de las fuerzas de seguridad en las escuelas, por resultar contraria al derecho internacional de derechos humanos de los niños, niñas y adolescente y manifestó su rechazo a toda forma de violencia institucional. 

La publicación había generado el “rechazo” y “repudio” a la guía del gremio docente UTE. “En esta publicación se aborda lo educativo desde una mirada policial donde los posibles comportamientos de lxs estudiantes son estigmatizados y criminalizados. La preeminencia del trabajo educativo no puede verse obturada por las definiciones que se dan en el orden de la estructura policial, que objetivamente tienen metodologías vinculadas al control de las conductas sobre principios punitivistas”.

Por su parte, la plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Legislatura, Florencia Gentile, advirtió: “Ante las discusiones sobre el rol de las fuerzas de seguridad en las escuelas, recordamos las últimas Recomendaciones del Plenario del CDNNyA, documento oficial que  restringe el ingreso de las fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

En tanto, el asesor tutelar Gustavo Moreno advirtió en diálogo con Nueva Ciudad que “las fuerzas de seguridad no tienen que ingresar a las escuelas. Tienen que pedir autorización a la autoridad escolar. Frente al conflicto, situación de violencia o, al primero que tiene que llamar es al Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes según la ley de protección del niño. En algún caso podría ingresar en un caso de flagrancia por un delito que se está cometiendo pero en favor de una víctima menor de edad”.