Riachuelo: pocas respuestas y censura a los vecinos en la audiencia de la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa “Mendoza”, que en el año 2008 ordenó la recomposición del daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Allí, las autoridades debieron responder sobre los escasos avances del plan de limpieza y relocalización.

Durante tres horas los funcionarios debieron responder preguntas del tribunal que apuntaban a ponerle plazos al plan. "¿Cuánto van a tardar en cumplir la sentencia?", fue la reiterada pregunta del juez Lorenzetti a Dorina Bonetti, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Los magistrados insistieron en que se estableciera una fecha. La funcionaria, que se ajustó a lo acordado puertas adentro del ente tripartito, subrayó que no hay estimado un tiempo global, sino que se irán cumpliendo las mandas judiciales. "No puedo darle una fecha, el plan es integral", dijo.

"El gobierno porteño es un mentiroso serial. Las relocalizaciones deberían haber estado listas en 2013", se indignó Mario Gómez en declaraciones al diario La Nación. Él es un vecino que tiene su casa sobre el camino de sirga de la villa 21-24, en Barracas, espacio que debe ser liberado.

La polémica audiencia dejó críticas no sólo de quienes no pudierin ser parte de ella. “Ninguna de las autoridades presentes de ACUMAR, del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad pudieron responder cuándo se va a dar cumplimiento a la sentencia. En los próximos días, la Corte se pronunciará sobre el grado de avance de la causa”, detallaron desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

Al igual que en 2016, el máximo tribunal “decidió no escuchar a los vecinos” y delegados de las villas y asentamientos que viven sobre el camino de sirga. “Los afectados no son el mero objeto de decisiones judiciales. Deben ser oídos y tomar parte adecuadamente de las decisiones que los involucren”, señaló el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.

Y agregó: “Los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fuero parte de la solución y no del problema”.

Según un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño, a casi 10 años de la sentencia de la CSJ, 1.265 familias de las casi 2084 aun no fueron relocalizadas, producto de la liberación del Camino de Sirga, lo que implica que más del 65 % de las relocalizaciones están incumplidas.

De los 632 barrios populares de la cuenca afectados, que fueron identificados en el mapa de riesgo, 231 se encuentran en “riesgo alto” o “muy alto”. El sector de la villa 21-24 que está fuera del camino de sirga, está ponderado de “muy alto riesgo”.

La información detalla que la villa 21-24 lleva más de 2 años sin relocalizaciones y solo se han reparado (y mal) 8 viviendas de las cientos que se necesitan de manera urgente. Según se especifica, las urbanizaciones de los asentamientos “El Pueblito” y “Magaldi” se encuentran detenidas desde el año 2011. En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid recién se encuentran en instancia de diseño.

Además indica que “los vecinos ya relocalizados siguen viviendo en riesgo y muchas de las viviendas entregadas no reúnen requisitos de vivienda digna, como es el caso del Complejo Urbano Mugica (ubicado en el barrio de Lugano) A la fecha no existe un conjunto de acciones públicas destinas a superar ese riesgo producto de la propia política de relocalización”.