Ciudad: aún resta relocalizar al 63% de la población que vive a orillas del Riachuelo

El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia a la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado). Allí, tendrán que dar cuenta del avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.

El 9 de noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y ordenó analizar puntos como como la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la adopción de un sistema de medición, la gestión de residuos, erradicación de basurales a cielo abierto y expansión de la red de agua potable.

Tras la audiencia del año pasado, se avanzó con la relocalización de 118 familias. De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación, según detalló el gobierno porteño al diario Clarín.

En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.

Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de Sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.