Advierten que el protocolo anti-tomas de Acuña vulnera los derechos de los adolescentes

El protocolo anti-tomas anunciado desde los medios por la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, sigue sumando voces en contra. Desde el Encuentro por la Niñez y la Adolescencia advirtieron que la redacción de la nueva normativa “no contó con la participación de ningún actor/a involucradx, y por tanto, vuelve a vulnerar los derechos de lxs pibxs al no reconocerlos como sujetos activos en sus derechos políticos y ciudadanos”.

El polémico nuevo protocolo establece, entre otras cosas, que en el caso de una toma los directores deberán citar a los padres de los estudiantes para que retiren a sus hijos del colegio. Si los padres apoyan la ocupación del colegio serán ellos quienes se responsabilicen de los posibles daños del lugar.

El comunicado, firmado por la socióloga Florencia Gentile -plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura- resalta los “principios de actuación que presentamos y fueron aprobados por el Plenario del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a raíz de la criminalización que las autoridades del Gobierno de la Ciudad realizaron del conflicto estudiantil en el 2017”. Y reclama a la titular de la cartera educativa porteña que “se ajuste a la legislación local, nacional e internacional al respecto y a las recomendaciones que sancionó la máxima autoridad de la Ciudad en derechos de la infancia”.

Esas recomendaciones, basadas en lo establecido en la legislación local, nacional e internacional sobre la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, apuntan a:

“Que se resguarde y garantice el *derecho a ser oídxs* de los y las niños, niñas y adolescentes que participan de reclamos y/o protestas estudiantiles en legítimo ejercicio de sus derechos democráticos, asegurando su *no criminalización* e impidiendo cualquier tipo de sanciones (administrativas, policiales, judiciales, etc.) que restrinjan de hecho tal ejercicio;

Que se garantice el *derecho a la privacidad* de los/las estudiantes que intervengan de dichos reclamos y/o protestas, evitando que sus nombres o imágenes queden plasmados en actas de cualquier tipo (administrativas, policiales, en fiscalías, etc.) o fotografías;

Que se priorice la resolución de conflictos a través de *mesas de diálogo* formales e institucionales que garanticen la participación de los/las adolescentes para que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de adoptar políticas educativas que lxs involucren.”