Críticas y un pedido de citación a Acuña por el protocolo anti-tomas

El Gobierno de la Ciudad volvió a la carga con la instalación de un protocolo para evitar tomas en escuelas y la polémica no tardó en estallar, tal como ocurrió el año pasado, cuando la ministra de Educación –Soledad Acuña- terminó denunciada judicialmente.

Ahora, el diputado de la Ciudad Gabriel Solano pidió la citación a la Legislatura de la ministra Soledad Acuña por la “resolución represiva” contra las ocupaciones de colegios. "La resolución de la ministra Soledad Acuña se inscribe en el reforzamiento de la política represiva del gobierno. Es la aplicación en el ámbito educativo, que por definición requiere de la más amplia libertad y democracia, de la llamada 'nueva doctrina de seguridad' de Patricia Bullrich", advirtió.

"No es casual que la resolución se conozca en momentos que Larreta quiere aplicar su proyecto de 'secundaria del futuro' en varios colegios pilotos, a pesar del rechazo generalizado de la comunidad educativa que denuncia su contenido descalificador. Por eso la resolución establece un sinnúmero de sanciones a los directores y padres, ya que la 'secundaria del futuro ' es rechazada por el conjunto de los sectores de la educación, no sólo por los estudiantes", agregó.

Por otra parte, el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, consideró -en declaraciones a Cadena 3- que el protocolo elaborado por el Gobierno porteño para prevenir la toma de escuelas públicas "no resuelve" el problema de las ocupaciones y que la herramienta para combatirlas "debe ser más escolar que judicial", como es el caso de las sanciones disciplinarias.

Además, el Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Moreno, advirtió que “cualquier propuesta de protocolo por parte del Poder Ejecutivo local deberá ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 (a cargo de la señora Jueza Elena Liberatori) Secretaría N° 7”, donde tramitan los expedientes en los cuales los asesores tutelares -en representación de los alumnos-, y un grupo de padres patrocinados cuestionaron el instructivo que criminalizó la protesta estudiantil durante el año 2017.

“Los anuncios oficiales a través de los medios masivos de comunicación, se contradicen con la contestación de la demanda en tales expedientes judiciales, donde el Poder Ejecutivo porteño manifestó la innecesariedad de dictar un protocolo”, agregó Moreno. Y enfatizó que “independientemente de los efectos jurídicos que puedan derivarse para alumnos y para los padres en ocasión de cada ocupación, debe priorizarse -en lo medular- la solución al nudo de conflicto que pudiera motivar la ocupación, en un marco de mediación escolar, por tratarse de un conflicto institucional colectivo dentro del ámbito escolar, para la aplicación de la ley 3.055 y su decreto reglamentario 586/2011, entre otras normas legales y convencionales”.