Vuelve la polémica: la Ciudad y un protocolo que criminaliza las tomas de escuelas

En septiembre del año pasado, en el marco de la seguidilla de tomas de escuelas contra la reforma educativa impuesta por el Gobierno de la  Ciudad, trascendió que la ministra de Educación –Soledad Acuña- había ordenado la aplicación de un protocolo que obligaba a los directivos a denunciar penalmente las tomas. Acuña fue intimada a confirmar si había dado la orden de implementarlo y negó la existencia de tal protocolo. Ahora, sin embargo, se prepara para dar a conocer una nueva normativa anti-tomas en la misma línea.

Según consignó el diario La Nación, en las próximas horas, el gobierno porteño emitirá una comunicación oficial con los detalles del protocolo. El objetivo de la gestión de Acuña es terminar con las tomas de escuelas en el próximo ciclo lectivo, para lo cual estableció una serie de pautas, a riesgo de sanciones para docentes, directivos y padres de alumnos y alumnas.

"Queremos que las responsabilidades por las tomas queden claras", dijo acuña al diario de los Mitre. Así, según el nuevo protocolo, cuando en una escuela sus autoridades "pierdan el gobierno del establecimiento" deberán citar de manera inmediata a los padres o responsables de los alumnos para que los retiren, dejando una constancia de la notificación.

"Los rectores que no cumplan con las obligaciones procedimentales establecidas en el nuevo protocolo serán pasibles de distintas sanciones sobre su carrera docente, según el caso: apercibimientos, sumarios administrativos o pérdida de consideración en los concursos", explicó Acuña.

Pero además, los padres o responsables que no retiren a sus hijos del establecimiento educativo en conflicto podrán ser considerados responsables de los eventuales daños que podrían registrarse durante las tomas en los edificios públicos, y ser sometidos a un accionar judicial. "Confiamos en que el Poder Judicial se pondrá los pantalones largos y no se dedique a hacer oposición política", lanzó Acuña.

"Hasta ahora se privilegió el derecho de protesta por sobre los de educación y trabajo, y se perdió el sentido de la responsabilidad inherente a las acciones coercitivas", dijo Acuña. Y agregó que esta medida busca volver a instalar que "las acciones tienen consecuencias".