Las reformas que anunciará Macri: Menos aumento jubilatorio y más beneficios a empresarios

Este lunes Mauricio Macri mantendrá una reunión multilateral con sindicalistas, empresarios, gobernadores y miembros de la Corte Suprema, en la que comunicará cuáles son las reformas que buscará impulsar el Gobierno en los próximos dos años, con una composición en el Congreso de la Nación mucho más favorable.

Dentro de los cambios planeados, está la reforma jubilatoria que, en principio, no bucaría aumentar la edad de retiro sino disminuir los aumentos que de los haberes. De este modo, el Gobierno buscará que se actualicen de acuerdo a la inflación que, según lo previsot, para el año que viene sería del 10 por ciento. Si el mecanismo de actualización fuera el actual (una combinación de la suba salarial del  Indec o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la Anses), la suba debería ser del 22 por ciento. Así, el Presupuesto 2018 prevé un desembolso de $1.210.813 millones en concepto de jubilaciones y pensiones no contributivas pero si se actualizan estos haberes por la inflación, los pagos serían $1.092.145 millones, o sea, $118.668 millones menos en jubilaciones y prestaciones sociales a lo contemplado por la actual ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en 2009, informó Clarín.

Por otro lado, el Gobierno buscará fomentar el blanqueo laboral, eliminar aportes patronales para los salarios menores a $ 10.000; beneficiar con el indulto en causas judiciales civiles, penales y tributarias a los empresarios que blanqueen a sus trabajadores; extender la licencia para los padres recientes y otorgar la posibilidad de un mes al año sin goce de sueldo; aumentar tarifas de luz y gas en un 35 por ciento en diciembre de este año y dos subas del 20 por ciento para 2018; aumentar el costo del boleto del transporte público; gravar las inversiones mayores a $1,4 millones en bonos, plazos fijos y Lebacs; se cobrará IVA a servicios de empresas no radicadas en el país (caso Netflix); reducir parte del impuesto a las Ganancias.

El Congreso de la Nación también estará movido hacia fin de año, cuando entren en vigencia las sesiones extraordinarias, que comenzarán en diciembre. Una de las prioridades será desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó mediante la modificación de la ley del Ministerio Público. Tras el fallo judicial que declaro “inconstitucional” el sistema que establece el requisito de los dos tercios para la remoción de la procuradora general por juicio político de las Cámaras del Congreso, el Gobierno volvió a tomar fuerzas.

En lo económico, buscarán sancionar la ley de Responsabilidad Fiscal que el Gobierno logró acordar con las provincias, a excepción de San Luis y La Pampa. El proyecto establece que el nivel de gastos provinciales no podrá superar la inflación, que la incorporación de empleados públicos estará atada al crecimiento vegetativo de la población y que las provincias tendrán que mantener constante el gasto primario en términos reales y el gasto total en el caso de las deficitarias, informó Página 12.

Por otro lado, las negociaciones con las provincias recrudecerán cuando el Gobierno nacional les pida que resignen parte de los impuestos coparticipables, como el impuesto al cheque, cuya prórroga vence a fin de año, y otros como Ganancias a sectores empresarios, así como la reducción de los impuestos provinciales a Ingresos Brutos para mejorar la “competitividad empresaria”. Estas iniciativas, atadas al Presupuesto 2018, incluyen también el debate de la actualización del Fondo para el Conurbano Bonaerense.

Finalmente, el oficialismo aprobaría la prórroga por cuatro años contra los desalojos de los territorios en conflicto ocupados por pueblos originarios, que vence en noviembre de este año. En paralelo, sancionarían la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que pena los delitos de corrupción de las personas jurídicas y que la Cámara alta devolvió con modificaciones a Diputados.