El Estado es responsable: el entramado policial y judicial detrás del femicidio de Araceli Fulles

El caso de Araceli Fulles se suma a los graves índices que se registran a nivel nacional en materia de femicidios. La joven de 22 años, que llevaba casi un mes desaparecida, fue encontrada asesinada en una vivienda de José León Suárez. El principal sospechoso ya había declarado cuatro veces en la causa. Finalmente, se profugó.

Desde los primeros días de búsqueda la familia de la víctima denunciaba lentitud e impericias en la investigación. A ello se sumó en las últimas horas el dato de que uno de los policías de la comisaría donde se radicó la denuncia es hermano de dos de los detenidos.

El entramado policial y judicial detrás del femicidio de Araceli pone en evidencia una de las premisas del colectivo Ni Una Menos: el Estado es responsable.

La última noticia que tuvo la familia Fulles sobre Araceli fue el domingo 2 de abril a primera hora, cuando la joven le mandó un mensaje a su madre diciendo que estaba por llegar, tras haber estado con amigos. Nunca volvió. Ese mismo fin de semana desapareció Micaela García en Entre Ríos, pero las búsquedas de ambas jóvenes no tuvieron igual repercusión social y mediática.

El caso de Araceli demoró en instalarse en los medios y fueron necesarias campañas de organizaciones sociales y de género, así como de familiares y amigos, para dar a conocer la desaparición. Finalmente, el cuerpo de Araceli fue encontrado allí donde señalaba la familia de la víctima.

El padre de la joven afirmó que fue uno de sus hijos –y no los policías- quien indicó que podía haber algo en esa casa de José León Suárez, cuyo propietario Darío Badaracco ahora está prófugo. El padre de la joven agregó: “El hermano de uno de sus cómplices es policía: era el que le informaba a todos ellos. Ese policía trabajaba en la comisaría en la que se hizo la denuncia. De movida yo dije que se hacían esas cosas. Y ahí está la consecuencia”. Durante la búsqueda la familia también denunció reticencias de la Justicia a investigar el caso desde una fiscalía especializada en trata de personas.



Según informó el portal Cosecha Roja, la policía arrestó en las últimas horas a cuatro hombres vinculados al prófugo: la justicia los acusa de ser cómplices. Se trata de Jonathan Rubén Ávalos y su hermano Emanuel, Marco Antonio Ibarra y Carlos Damián Cassalz. En tanto, las primeras versiones indicaron que Badaracco tiene antecedentes por robo agravado por uso de armas. Tres efectivos policiales ya fueron desplazados por el crimen. Son allegados de Badaracco, el principal sospechoso de matar a la joven y dueño de la casa donde fue hallado el cuerpo. Están acusados por cómplices o encubrimiento.

También fueron separados los policías a cargo del rastrillaje, uno es hermano de dos de los seis detenidos. Los desplazados son Hernán Humbert, titular de la comisaría octava de San Martín; el oficial principal José Gabriel Herlein, numerario de la comisaría quinta de San Martín; y el oficial subinspector Elián Ismael Avalos, integrante del Comando de Patrullas de Tres de Febrero.