Los Defensores del Pueblo se reunieron con la CGT por los tarifazos

El Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, junto con los Defensores de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y las localidades de La Matanza, Lanús, Pilar, Escobar y Avellaneda, se reunieron este viernes con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) para analizar el impacto del tarifazo en el bolsillo de los trabajadores y las políticas del Gobierno relacionadas a los migrantes y la baja de la edad de imputabilidad.

De parte de la CGT, participaron de la reunión Héctor Daer y Carlos Acuña, no así Juan Carlos Schmid. Por parte de las Defensorías estuvieron, además de Alejandro Amor, María América González (Defensora del Pueblo Adjunta, CABA); Guido Lorenzino (Buenos Aires); Raúl Lamberto (Santa Fe); Alejandro Gorrini (Lanús); Silvia Caprino (La Matanza); Rocío Fernández (Escobar); Juan Pablo Trovatelli (Pilar) y María Laura Garibaldi (Avellaneda).

“En un honor que a los Defensores del Pueblo se nos reciban en la casa de los trabajadores”, comenzó Amor y puntualizó que sus preocupaciones están vinculadas a los aumentos en los precios de las tarifas de servicios públicos, reparación histórica a los jubilados, la situación de los migrantes en la Argentina y la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad, entre otros temas.

En este marco, Amor recordó que “en mes de marzo los ciudadanos tendrán que afrontar muchos aumentos, no sólo el de las tarifas, que aumentarán dos veces al año cuando las paritarias se discuten sólo una vez al año”. Por eso pidió analizar, junto al a CGT, el impacto de estos incrementos y enuméro algunas iniciativas de los Defensores, como la ampliación de la tarifa social. Al respecto, señaló que “antes de las audiencias públicas había un millón de personas inscriptas en el régimen de tarifa social. Luego, cuando propusimos la ampliación de la tarifa social, se incorporaron un millón y medio de personas más. Hoy ya son 2.5 millones de personas las que reciben la tarifa social”.

También la famosa ley de Reparación Histórica a los jubilados fue tema de debate. Al respecto María América González resaltó que “hay jubilados con sentencia firme, otros con juicio iniciado y sin sentencia y 1.200.000 jubilados y pensionados que aún no iniciaron sus trámites personales. Sobre esta última franja es con la que trabajamos” e informó que “muchas personas se acercaron a la Defensoría para pedir que les brindemos patrocinio legal gratuito con el objetivo de avanzar en sus reclamos particulares. Desde nuestro organismo al jubilado se lo asesora, se le hace la clave social, se le dice cuánto se le debe y si no tiene abogado y quiere tenerlo, la Defensoría le pone un abogado que realiza esa tarea de forma gratuita”.

En cuanto a la decisión del Gobierno de modificar y endurecer la Ley de Migraciones, los Defensores del Pueblo y la CGT coincidieron en que no hay elementos suficientes para vincular al delito con los inmigrantes. “Sobre este tema consideramos que hay más eslóganes políticos que una realidad que permita vincular a los inmigrantes con la delincuencias. La ley actual impide que cualquier persona con una condena en el exterior pueda ser declarada ciudadana argentina. Lo único que se necesita es aplicar la ley que está vigente. Lo otro es una campaña de marketing o el aprovechamiento de una determina circunstancia”, opinó Amor.