El Gobierno porteño busca la reforma política en la Ciudad

Mientras el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso la reforma política que implementará el uso de la boleta electrónica en todo el territorio argentino, la administración porteña trabaja en su propia reforma que se introducirá con un tema no abordado por la del Ejecutivo nacional: el financiamiento de las campañas. Horacio Rodríguez Larreta analiza los últimos borradores y, según publicó Infobae, con acceso a esos documentos, el texto ingresará a la Legislatura antes de fin de año para ser aprobado en 2017.

El proyecto habilitaría el aporte de empresas al financiamiento de las campañas, el aumento de topes y montos, la creación de un registro de proveedores y elevar las penas a los candidatos que hicieron campaña con irregularidades. Según pudo saber ese portal, quienes idearon el proyecto buscaron, en primera medida, liberar el tope para las donaciones, propuesta que encontró resistencias en el Ejecutivo.

La ciudad de Buenos Aires se rige en la actualidad por la ley 268/99 que prohíbe "los aportes anónimos y aquellos que provengan de personas jurídicas". Infobae revela que, además, el nuevo proyecto obligaría a los partidos políticos a tener un responsable económico que, en caso de avalar irregularidades, ponga en juego su matrícula. Según una publicación del sitio chequeado.com, en las elecciones de 2015 Cambiemos tuvo a dos jubiladas como responsables económicas de los informes financieros de la campaña. El objetivo es darle fin a estas irregularidades.

Por otra parte, el Gobierno porteño buscará instalar el sistema de votación de Boleta Única Electrónica, que  ya se aplicó en 2015 y que es la obsesión de la administración nacional. Por otra parte, se introduciría la paridad en las listas, como ocurre en el Congreso nacional. Otra de las modificaciones estaría vinculada a la simultaneidad de las elecciones porteñas con las nacionales, para lo cual Larreta debería derogar la ley 875 sancionada en 2002 que autoriza al Ejecutivo de la ciudad a convocar elecciones en fechas distintas al cronograma fijado por la Nación.

Se espera que el proyecto ingrese a la Legislatura este año para ser tratado en 2017.