Edgardo Castro: "Iron Mountain no podía estar en los registros del Estado"

El Banco Ciudad contrató a la empresa Iron Mountain para que resguarde la documentación de la entidad financiera. La polémica decisión fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 20 de octubre y no se descarta su judicialización. Lo llamativo es que la compañía, tal como lo dispone la Ley 265 de Seguridad e Higiene porteña, no debería haber estado habilitada para presentarse a licitaciones ya que sufrió dos clausuras en el último año.

El 5 de febrero de 2014, el galpón de Iron Mountain ubicado en Azara 1245, en el barrio de Barracas, sufrió un feroz incendio que dejó un saldo de 10 servidores públicos muertos. La causa investiga la intencionalidad del incendio, en el que se perdió documentación sensible sobre entidades financieras como el HSBC o empresas vinculadas a los Panamá Papers.

En la publicación del Boletín Oficial se explicita, además, que la dirección establecida para el resguardo de los archivos del Banco Ciudad será Azara 1245, donde tuvo lugar el siniestro hace casi tres años.

El inspector de la Dirección General de Protección del Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, sostuvo en una entrevista con Radio Gráfica que la contratación del Banco Ciudad está por fuera de la ley porque Iron Mountain (IM) "no podía estar en los registros de proveedores del Estado. Esto implica la protección y la asociación entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad . IM tuvo dos clausuras y esta es la sanción más grave que se le puede aplicar a una empresa. La Ley dice específicamente que cuando se sufre una sanción de ese tipo se debe retirar a la compañía de los registros de aseguradores del Estado. Ni siquiera la deberían haber llamado porque no tendrían que estar en los registros”.

El inspector señaló, además, que el Gobierno porteño ha digitalizado toda su información por ende no se necesitan grandes espacios para resguardarla. Al respecto, esgrimió que "el cuidado de la información resulta menos complejo ya que cabe solo en un pen drive, no es más que eso. No hay necesidad de un contrato por una suma tan grande de dinero”. La licitación es por un monto de $2.600.000.

Castro aseguró que es el único que presenta constantemente pruebas en la causa pero "nunca me llaman a declarar". Además denunció que sufre un "apriete" de parte de la administración porteña por las denuncias realizadas. "Cuando empezás a seguir el hilo pensás ¿tanto esfuerzo hace el Gobierno de la Ciudad por proteger a Iron Mountain? evidentemente hay una relación muy directa”, reflexionó.

En relación a ésto, Castro sostuvo que "desde la Justicia le endosan toda la culpa a Juan José Gómez Centurión, quien era director de la Agencia de Control Gubernamental en el 2014, pero el principal artífice de esta cuestión fue Pancho Cabrera a través de Ezequiel Sabor, que hoy es el segundo de (Jorge) Triaca". Además denunció que le robaron sus actas, le descontaron dos veces el sueldo y que " recibí aprietes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Finalmente, el inspector porteño resaltó que “esto es peor que Cromañon, porque había funcionarios intermedios metidos, acá estás hablando de Ministros. Vas encontrando canales que establecen toda una relación entre el gobierno de Macri, toda esta estructura y los Panamá Papers, porque no es casualidad que una de las empresas que se quemó también sea de Macri”.