Exigen al Congreso que pare la venta de inmuebles estatales

El presidente Mauricio Macri ordenó la venta de 17 inmuebles estatales en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con el objetivo de aumentar los ingresos de las arcas públicas. Si bien la Constitución indica que la enajenación de estos terrenos es competencia del Congreso, Macri recurrió a un decreto-ley de la última dictadura militar para eludir la norma.

Según denunció el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Gobierno usó el decreto-ley N° 22.423, firmado por el dictador Jorge Rafael Videla en marzo de 1981, último mes en que estuvo en el poder. La entidad sostiene que a través de esa normativa el Poder Ejecutivo se arrogó las competencias del Congreso en cuanto a la facultad de autorizar ventas de inmuebles del Estado Nacional.

El Observatorio manifestó que el decreto-ley Nº22.423 fue derogado implícitamente por la reforma de la Constitución Nacional realizada en 1994. Aquella modificación otorgó esa potestad al Poder Legislativo. Por eso, interpretan que la aplicación del decreto-ley de la dictadura es inconstitucional.

En ese sentido, el Observatorio reclama que el Congreso derogue la normativa firmada por Videla. Así, el Poder Legislativo evitaría que el Ejecutivo pueda volver a recurrir a ese decreto-ley como forma de justificar maniobras similares. Los 17 terrenos administrados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) que saldrán a la venta son: dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que de todos modos seguirá funcionando), un boliche del Conurbano y hasta tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otros. También hay una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.



Se estima que el Estado Nacional es dueño de unos 80.000 inmuebles en todo el país, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios en los que la administración nacional no brinda servicio alguno.

El Observatorio remarcó que si el Presidente universaliza el procedimiento del Decreto N° 952/2016, todos esos terrenos pueden llegar a venderse sin la intervención del Congreso. Debido a esto, pidió que el Poder Legislativo avance en la derogación expresa del Decreto-Ley N° 22.423 y adopte todas las medidas para evitar la venta de tierras públicas sin su aprobación.