Insisten con derogar la ley que otorga poder a los porteros para controlar los consorcios

La Legislatura avanza en la corrección de la ley que le otorgaba poder al sindicato de encargados de edificios para controlar a los consorcios, lo que podía terminar en aumentos de expensas. La comisión de Legislación General aprobó un despacho de mayoría impulsado por el macrismo que en las próximas semanas será tratado en el recinto. Pero la polémica promete continuar, porque las organizaciones de consorcistas insisten con que la norma sea derogada, y ya juntaron más de 18.000 firmas de vecinos.

El despacho se basó en el proyecto que envió el Ejecutivo porteño el 13 de abril, aunque con algunas modificaciones. Así, el macrismo consiguió sacar el despacho de mayoría. El bloque Confianza Pública acompañó en disidencia, porque el diputado Diego García de García Vilas había presentado un proyecto paralelo con más modificaciones. En cambio, parte de la oposición insistió con un proyecto derogatorio, el que propuso el legislador Hernán Arce, del Socialismo, y acompañaron la Coalición Cívica y Bien Común. Pero si bien los cambios son numerosos, los consorcistas mantienen su firme rechazo a la ley.

Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, aseguró: "Se elaboró un texto que, aunque atenuado, mantiene la irritante injerencia del gremio de encargados en las relaciones entre los propietarios y administradores. Llama la atención la falta de sensibilidad de todos los funcionarios involucrados en la producción de ese engendro legal, no se dan cuenta de la repulsa que provoca en la población". Esta organización habilitó en su página www.ligadelconsorcista.org la posibilidad de apoyar el pedido de derogación de la norma, y ya juntaron 18.036 firmas digitales.

El 3 de diciembre de 2015, en la última sesión ordinaria de la Legislatura del ciclo pasado, aprobaron la creación del Consejo de Propiedad Horizontal, impulsado por el ex legislador kirchnerista Fernando Muñoz, quien hoy ocupa el cargo de Defensor de los Inquilinos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

La función del Consejo es la de regular toda la actividad de los consorcios porteños, incluido el cobro de la matrícula y eventuales sanciones a los administradores. Pero el problema es que, de los 11 integrantes de la comisión directiva, tres respondían directamente el gremio SUTERH, de los encargados, que conduce Víctor Santa María, presidente del PJ porteño.

Además, otros tres pertenecían a dos cámaras de administradores cercanas al sindicato, y otro era del flamante sindicato de empleados de administraciones. Es decir que el SUTERH podía acceder fácilmente a una mayoría de seis, y así controlar el organismo.Todos esos cargos iban a ser remunerados.

Las organizaciones de consorcistas advirtieron que el Consejo podía tomar determinaciones (como imponer nuevos costos, o el propio cobro de las matrículas) que aumentaran los gastos de los edificios y así impactaran en las expensas. A su vez, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal denunció ante la Justicia que el SUTERH no podía tener injerencia en el control disciplinario de los administradores, porque en realidad son empleados.

La sanción de la ley fue criticada por muchos especialistas y por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por la polémica, el Ejecutivo retrocedió, no reglamentó la ley y mandó un proyecto modificatorio. Por ejemplo, bajó de tres a dos los puestos para el gremio en el directorio, y eliminó el que le correspondía al sindicato para empleados de administradores. Esos dos puestos los puso para el Estado, y además determinó que la presidencia del Consejo siempre esté en manos del Director de Defensa del Consumidor de la Ciudad.

La postura del Ejecutivo es que tampoco se puede derogar el Consejo porque el sistema que se usó hasta ahora, el Registro de Administradores de Consorcios, es insuficiente y nunca funcionó bien. Luego, en la Legislatura se hicieron cambios. En el despacho se determinó que todos los cargos del organismo sean ad honorem, un reclamo que había hecho la Defensoría del Pueblo. También se dispuso que la matrícula de los administradores no supere los $ 2.000 anuales.

Además, los integrantes del consejo directivo que respondan al SUTERH no podrán votar en las cuestiones que tengan que ver con el trabajo de los administradores o sus sanciones disciplinarias. Estas modificaciones lograron convencer a algunos. El presidente de la Cámara Argentina de Administradores, Daniel Tocco, aseguró que "teniendo en cuenta que la ley fue votada en su momento por 58 diputados, era difícil que ahora quisieran derogarla. Con lo cual con estos cambios nos damos por satisfechos". Para los consorcistas, está claro que no alcanza.