La patota que atacó a los vecinos de la Comuna 4 responde a un empleado de la Comuna 4

Hoy a las 10 se realizó una conferencia de prensa con vecinos y miembros de la multisectorial La Boca Resiste y Propone donde se denunció a la patota que agredió con armas blancas y golpes, que dejó dos personas internadas.

“Las heridas que pusieron en riesgo la vida de Matías Scínica de Boca es Pueblo y de Fernando Abal Medina de la Agrupación Peronista Descamisados, es un claro intento de homicidio”, denunciaron por medio de un comunicado que leyó en la conferencia de prensa Claudio Morresi de la Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

En el comunicado firmado por la multisectorial y los vecinos que estuvieron presentes el miércoles pasado se relató que “la patota agresora del PRO amenazaba y amedrentaba continuamente a quienes planteaban la problemática ligada a la venta fraudulenta de los terrenos de Casa Amarilla al Club Boca Jrs”.

Los agresores estaban participando desde el inicio de la reunión y respondían a un “conocido puntero del PRO de la zona, Rodolfo “El Cordobés” Corzo, quien es, además, empleado de la Comuna 4 en el cargo de Agente de Poder de Policía Comunal y responde políticamente al jefe de la Junta Comunal Jorge Apreda (PRO)”, explicaron. Apreda no se presentó a la reunión y dejó la presidencia provisoria de la Comuna en manos de Diego Weck, quien proviene de la alianza entre el radicalismo y el PRO.

En el comunicado agregaron que “los miembros de la patota al mando del Cordobés son parte de la Cooperativa Solidaria, que trabaja en tareas de mantenimiento del espacio público en el barrio de La Boca, contratados por el Gobierno de la Ciudad”. Los vecinos proyectaron una serie de imágenes donde se ve claramente a Corzo (hijo) agrediendo a Scínica y al resto de los agresores arrojando sillas y golpeando a los vecinos que allí se encontraban.
 


En la conferencia de prensa, se exigió al gobierno porteño y a la Junta Comunal que aporte a la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del edificio como las de la calle y a lista de los asistentes –dado que lo agresores debieron registrarse como el resto de los presentes-.

Los vecinos denuncian la “existencia de una zona liberada” y responsabilizan a Apreda por lo ocurrido, dado que “fue en sus oficinas donde durante media hora los vecinos permanecieron rehenes amenazados por la patota que ya se encontraba afuera y con nuevas armas blancas para continuar las agresiones”.

“Cuando la demanda es la defensa del espacio público, el Gobierno de la Ciudad ve un negocio. Cuando los vecinos y organizaciones vemos un espacio de participación ciudadana, el Gobierno de la Ciudad ve enemigos”, reclamaron.

Los vecinos e integrantes de organizaciones resguardaron su identidad en todo momento dado que pesan sobre ellos amenazas de muerte por parte de los agresores. En ese sentido, hacen responsable “al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las autoridades judiciales locales por la integridad física de todos los vecinos y militantes de organizaciones sociales y políticas de la Comuna 4”.

“Intimamos a que se haga efectiva la detención de los agresores. Y decimos que la única hipótesis es que quien perpetró el intento de homicidio es una patota agresora que responde al PRO”, concluyeron.

Participaron de la conferencia los legisladores porteños Marcelo Ramal (FIT), Daniel Fucks (FpV), Pablo Ferreyra (FpV) y Javier Andrade (FpV). Para concluir la conferencia, el abogado de los vecinos y organizaciones Jonatan Baldiviezo explicó el reclamo que se lleva adelante desde hace más de un año.

En ese sentido, Baldiviezo explicó que “los terrenos de Casa Amarilla fueron comprados en el año 1981 al Estado Nacional para mitigar el déficit habitacional en el Barrio de la Boca. El 11 de abril de 2005 comienza la inscripción para el Programa habitacional "Casa Amarilla", donde se construirían 1.231 viviendas pero el programa quedó paralizado”.

Luego el gobierno porteño reduce la cantidad de viviendas a construir a 438. Las manzanas liberadas por esta reducción pasa a manos del Instituto de la Vivienda (IVC). Sin embargo, al tiempo y mediante el decreto N° 723/2010, el Poder Ejecutivo transfirió a la Corporación Buenos Aires Sur estas tierras.

Los terrenos son codiciados por el Club Boca Juniors desde el año 2008 para construir allí un nuevo Estadio-Shopping. Para ello presentaron un proyecto de ley para rezonificar los terrenos permitiendo así la construcción del estadio. Este proyecto se encuentra en discusión en la Legislatura.

Mientras tanto, Corporación Sur licitó la venta de tierras “para que allí se desarrolle una propuesta que implica la construcción de bibliotecas, club sociales y culturales, salones de juegos, gimnasio; en ningún momento se habla de construir allí un Estadio, pero es lo que el presidente del Club, Sr. Angelici sigue promocionando”, aclaró Baldiviezo.

El 25 de febrero de 2016, la licitación pública que implica la venta de estos terrenos fue adjudicada al Club Boca Juniors por el valor de 180 millones de pesos. Baldiviezo denunció que esta venta “es ilegal e inconstitucional”, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución de la Ciudad que indica que no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura. La venta al Club Boca Juniors ni siquiera fue tratada en la Legislatura.

“El GCBA está destinando estos predios para que un privado desarrolle un plan integral orientado a cuestiones deportivas y comerciales. Cambiar el destino habitacional de estos predios no está cumpliendo con las condiciones que establece la ley N° 1.251”, agregó.

Por estas razones, se presentó una acción de amparo en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad para que se declare la ilegalidad de esta venta. “Luego de dos meses, la Corporación Buenos Aires S.E. sigue reticente a enviar el expediente administrativo al Juzgado, por lo que el Juez de la causa impuso una multa de 100 pesos por día de demora a la Corporación y a su titular Sra. Karina Spalla”, concluyó Baldiviezo.