Uber viene igual, aunque el Gobierno porteño no lo deje

Luego de que Uber, aplicación móvil que conecta pasajeros con conductores particulares, empezó a capacitar choferes para lanzarse en Buenos Aires, el gobierno porteño anticipó que la empresa debe respetar procedimientos y marcos legales que, al menos por ahora, no son compatibles con el tipo de servicio que ofrece. Los referentes de la compañía explicaron que la posición oficial no cambia en nada los planes que tienen para la Argentina.

La audaz estrategia de Uber viene siendo clara aquí y en las ciudades del mundo en las que ya funciona: salir primero a dar a conocer su propuesta, generar expectativa en los potenciales usuarios y plantear por último la discusión sobre las normas que puedan regular su propuesta. Por lo pronto, más de 10.000 postulantes a conductores del sistema se anotaron en un formulario online y un centenar se presentó en la primera reunión para conocer la propuesta de la compañía estadounidense, fundada en 2009 en San Francisco.

La inminente llegada a Buenos Aires recibió el rechazo de los sindicatos de taxistas y, ayer, un freno verbal del gobierno de la ciudad. Desde fines de 2015, tanto Uber como las autoridades porteñas mantienen conversaciones con otros organismos para avanzar sobre la posible instrumentación de este servicio.

"Es esperable que los tiempos de la innovación no sean los mismos que los de las autoridades o la legislación. Creemos que, con el servicio en funcionamiento, será visible de forma concreta el impacto positivo que somos capaces de ofrecer. De esta forma, continuaremos dialogando con todos ellos para hacer las modificaciones necesarias en el futuro", había dicho Soledad Rodríguez Lago, gerente de Comunicación de Uber para el Cono Sur.

 El malestar generado entre los taxistas y la expectativa despertada en la comunidad obligaron a la Ciudad a fijar una postura. "En la medida en que se cumpla con todas las normas de seguridad, bienvenida la modernidad. Todavía no podemos intervenir, porque Uber no presentó nada [oficialmente]", dijo ayer el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. A su vez, remarcó que un servicio de transporte público debe estar registrado, con todos los permisos y seguros necesarios, acorde con las normas. "Se puede hacer modernidad en la ciudad, pero siempre cumpliendo las normas y garantizando la seguridad de los pasajeros", agregó Larreta.

Uber no se considera un taxi ni un remise, sino un servicio de choferes privados que se proponen reducir el uso del vehículo particular. Así, pretende no encajar dentro de la ley N° 3622, que especifica que se puede abordar un taxi en la calle o mediante una llamada a un servicio de radiotaxi. A diferencia de los taxistas, que poseen licencia profesional, cumplen exámenes psicofísicos y contratan un combo de seguros del automóvil y el pasajero, los choferes que trabajan para Uber sólo tienen una licencia particular, no están obligados a controles sanitarios y circulan con el seguro automotor básico.

"De cara a los usuarios y a las instituciones, no sirve utilizar la tecnología y la innovación para dejar de lado las normas, cuando hay choferes de taxis y remises que sí forman parte de las reglas establecidas", agregó Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño.

Las voces más críticas vinieron desde la asociaciones de taxistas, que cuestionaron la plataforma. "Pretenden desregular todo el sistema de transporte público. No vamos a permitir el funcionamiento de Uber bajo ningún concepto", dijo el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani.