Las leyes que marcaron doce años de kirchnerismo

Uno de los puntos más destacados de la década kirchnerista es la reivindicación de los derechos humanos. En 2003, se impulsó desde el Ejecutivo la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Al año siguiente, continúo la derogación de leyes comenzando con la ley de flexibilización laboral, conocida como ley Banelco, símbolo del caos en el que cayó el país el gobierno dela Alianza comandado por Fernando de la Rúa.

En el 2005, se aprobó en el Congreso la unificación de las elecciones legislativas. El objetivo de esta reforma electoral fue terminar con la discrecionalidad de los gobernadores en el armado de las listas de candidatos.

Otra reforma se gestó en esa época, a más de una década de la creación de la Constitución Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, quien en ese entonces era senadora nacional, impulsó la reducción de veinte a trece el número de consejeros y otorgó mayoría de siete miembros a los representantes políticos, con seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo.

El mismo año se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, promovida por el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, para garantizar un aumento progresivo de la inversión total en educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno en el año 2010.

En 2006, se sancionó la ley para reglamentar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Allí se resolvió que los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario. En términos educativos, se aprobó la Ley de Educación Sexual, que establece que todos los estudiantes tienen derechos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y privados de todo el país.

Cómo también la Ley de Educación Nacional, que reemplazó la Ley Federal de Educación del menemismo y entre otras cosas, fijó la obligatoriedad de la sala de cinco años, subió las exigencias para la carrera docente, estableció una escuela primaria de jornada completa, un segundo idioma obligatorio, el acceso a la informática y nuevos contenidos, como la educación sexual.

Cuando llegó el 2008, se produjo uno de los hitos kircheristas: la estatización de las AFJP, administradoras de jubilaciones privadas que quedaban como resabio de las políticas neoliberales aplicadas por el menemismo. De esa manera, se fortaleció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para estimular el desarrollo sustentable de la economía nacional. Acto seguido, el Congreso ratificó el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y los accionistas del grupo Marsans para el traspaso de Aerolíneas Argentinas otra vez a la esfera estatal.

Además se sancionó la Ley de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Allí se tipifica a la trata de personas como delito federal. Dentro de la normativa se consideran delitos: la explotación sexual, las prácticas esclavistas, como los trabajos forzados y la reducción a la servidumbre, las privaciones de la libertad y la extracción ilegal de órganos. Con la intención profundizar y fortalecer las políticas de derechos humanos, se sancionó la Ley de Banco de datos genéticos, que fue impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo. Ésta normativa garantizó la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

En el 2009, se sancionó la ley de movilidad jubilatoria que permite que dos veces al año se actualicen los haberes jubilatorias. En el mismo año se sancionó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. Esta normativa fue impulsada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se debatió en 24 foros por todo el país, en audiencias públicas en el Congreso y logró sumar amplio respaldo popular.

El mismo año el Frente para la Victoria logró la aprobación de la fragmentación del sistema partidario. De esta manera logró la apertura de los partidos políticos con la selección de candidatos por medio de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al año siguiente y luego de años de lucha de los movimientos sociales se sancionó la Ley Matrimonio Igualitario, habilitando así el matrimonio entre personas del mismo sexo, viejo reclamo de numerosas agrupaciones sociales. En 2011, hubo dos leyes relevantes: la Ley Antitabaco y el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga, considerada una de las iniciativas más sobresalientes de un año con pocas sesiones. Esta normativa obliga a las empresas a cubrir las prácticas médicas obligatorias, fijadas en el PMO, así como otras complementarias, que requieran tratamientos específicos.

El 2012 fue un año clave para el relato kirchnerista ya que se logró la expropiación de YPF. La ley impulsada por el Poder Ejecutivo dispuso la reestatización del 51% de las acciones de Repsol y fue sancionada con amplio apoyo de la oposición (a excepción del machismo) en el marco de una jornada histórica que tuvo lugar entre el 2 y 3 de mayo en el recinto de la Cámara de Diputados.

El mismo año se sancionó la ley de identidad de género que adecua el DNI a la identidad de género autopercibida, entre otras cuestiones. De la misma manera, se avanzó en los derechos por las mujeres con la aprobación del texto que establece el femicidio como figura legal y agravó las penas por homicidios cometidos por "odio de género o a la orientación sexual".

En 2013, se aprobó el Régimen de empleadas domésticas. La normativa reconoce a las empleadas domésticas derechos y beneficios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las jornadas, indemnizaciones, licencias y protección del trabajo de menores.

Al año siguiente se promueve el nuevo Código Civil y Comercial, que reemplazó al texto de Dalmacio Vélez Sarsfield.

Antes de retirarse del poder, el 15 de julo de 2015 se aprobó la ley que la Asignación Universal por Hijo (AUH), en la que se establece que se actualizará de manera automática cada seis meses.