Críticas al accionar del gobierno porteño en la Confitería del Molino

Una enorme grúa se estacionó en las puertas de la recientemente expropiada Confitería del Molino con el objetivo de realizar un relevamiento de la fachada, que no se dio por un desperfecto de la maquinaria. Una serie de denuncias por desprendimientos de materiales generaron la intervención de la subsecretaría de Emergencias, que intenta averiguar si el edificio está en peligro de derrumbe.

En el lugar se encontraba el asesor de Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados, Guillermo García, quien participó en la confección del proyecto de recuperación del Molino para reabrir la confitería y para actividades culturales del Congreso. El asesor advirtió que la intervención de la grúa se daba sin la supervisión de expertos en patrimonio.

“Hay veces que ese tipo de intervenciones terminan mal porque se rompe patrimonio que es irrecuperable”, explicó en diálogo con Diario Z. Mónica Capano, experta en patrimonio, indicó: “Ellos deben notificar a la Comisión Nacional de Museos cada vez que se toma intervención en un edificio histórico, y no lo hicieron”. “El edificio está abandonado hace 18 años y lo llamativo es que recién ahora, cuando está a punto de salir la expropiación, deciden realizar estas tareas sobre la fachada”, explicó Capano.

El proceso de expropiación de la confitería, que está abandonada hace 18 años, comenzó a fines del año pasado cuando se votó en el Congreso. El proceso está avanzando pero con algunos obstáculos que presentan los herederos que pertenecen a la familia Roccatagliata, quienes se oponen a aceptar la ley que declara al edifico como Monumento Histórico Nacional.

García explicó que la confitería presenta diferente problemas. “La marquesina está embolsada con media sombras y hay desprendimientos de materiales desde hace tiempo. Sin embargo, hasta tanto no sea patrimonio nacional, no podemos acceder al edificio para realizar las tareas”, explicó.

Al ser consultado sobre las responsabilidades, García aseguró que es “de los propietarios. Pero lo que no debe hacer el gobierno de la Ciudad es romper para ver si hay problemas. La Guardia de Auxilio no es un equipo especializado en patrimonio”. Existe una ley que obliga al gobierno porteño a inspeccionar cada dos años los edificios que tengan más de 70 años, “lo que no dice la ley es que están autorizados a intervenir fachadas protegidas como monumentos históricos”, explicó Capano.