Tras la muerte de menor, el gobierno porteño responde judicializando los reclamos de los vecinos

Vecinos de complejos habitacionales del barrio porteño de Villa Soldati vienen denunciando y reclamando al gobierno porteño obras de servicios, de urbanización y el mantenimiento de unidades dependientes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad  (IVC), pero tienen como respuestas la judicialización de sus reclamos, la falta de soluciones, el incumplimiento de las medidas ordenadas por la justicia y la apelación de los funcionarios.

Los reclamos de los complejos como el de Fátima, Esperanza o de los edificios del nudo 11 y 10 -donde el pasado viernes cayeron tres chicos al ceder una deteriorada baranda del sexto piso- en general se centran en la  necesidad de agua potable, cloacas, recolección de basura, instalaciones eléctricas, obras de urbanización, y soluciones ante las inundaciones.

En el sector de La Esperanza, lindante a la autopista Cámpora y Avenida Riestra, los vecinos no tienen agua potable ni cloacas y tienen problemas con la recolección de basura, una situación que sigue sin resolución desde enero último, a pesar de que la Justicia intimó al gobierno a suministrar agua potable.

“Hoy seguimos sin agua y no tenemos ninguna respuesta”, aseguró a Télam la vecina y delegada del barrio, Maribel Gallozo. “Lo que sí logramos en ese momento, que hicimos un corte en la autopista Cámpora, es que nos den luz, algo que se está realizando”, añadió, y recordó que les “mandaron un camión cisterna como provisorio hasta poner la red de agua, pero el camión vino tres meses y nunca más, y ahora estamos de nuevo esperando una respuesta y moviéndonos porque no podemos seguir y llegar al verano sin agua”.

Gallozo precisó que “ahora están haciendo obras detrás de los Piletones” para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, “mientras que para estos barrios no hay fondos”, en referencia a que “el Banco Mundial les dio plata para esas obras a la Sechi (Secretaría de Hábitat e Inclusión porteña) y a la Ugis (Unión de Gestión y de Intervención Social de la ciudad)”.

En tanto, la vecina del barrio de Fátima Rosmary Torres, consideró que “no hay un proyecto serio para urbanizar el barrio". "Hacemos el reclamo en todos lados y nadie se hace cargo, pedimos que se urbanice con todos los servicios, hace un tiempo que nos ofrecieron titulo de propiedad en terrenos muy pequeños, del tamaño de una habitación, para una vivienda, y lo rechazamos y todo quedó en la nada; seguimos hacinados”, afirmó.

Con respecto a las cloacas y al agua, señaló que “los servicios no abastecen las necesidades del barrio y pedimos que se adecuen las cloacas, el agua”, y precisó que “en estos 10 años se triplicó la población, antes eran todas casas bajas y ahora hay construcciones en alto”. Estos reclamos "vienen de hace muchos años", sostuvo, y se refirió a las dificultades que vive el barrio cuando llueve, al afirmar que “caen dos gotas de agua y se nos complica todo, no podemos seguir viviendo así”.

 “Nosotros tomamos las medidas judiciales como una pata más dentro de lo que se puede hacer, pero lo cierto es que de fondo no funcionó, y la vez que funcionó, que fue cuando mandaron los camiones cisterna, se perdió enseguida porque son mediadas provisorias, son un parche, hoy los vecinos no tienen agua”, continuó la vecina.  

Otro de los casos que muestra la situación extrema de precariedad en que vive la mayoría de los habitantes de estos complejos habitacionales y revelan la negación por parte de las autoridades porteñas de asumir una política que de respuestas es el accidente que se produjo la semana pasada en uno de los edificios del complejo de Villa Soldati, donde murió un chico y otros dos resultaron con lesiones graves tras caer al vacío desde un sexto piso porque la baranda de la escalera estaba suelta.

Este hecho desnudó las condiciones en que se encuentran varios de los edificios del complejo, la falta de mantenimiento y el incumplimiento por parte del IVC de reparar y realizar obras que fueron reclamadas reiteradamente por los vecinos y ordenadas por la Justicia. El IVC es copropietario del complejo y los vecinos denunciaron que el Ejecutivo de la Ciudad no cumplió con una ley y dos fallos judiciales que ordenaron la realización de las reparaciones estructurales.

Ante el incumplimiento, las vecinas María Eugenia Andicoechea y Mirta Susana Corpache promovieron una acción de amparo en 2009, apoyada por la Asesoría de Menores ante el peligro que las deficiencias suponían para los niños que viven y circulan por el edificio. El 27 de diciembre de 2011 se dictó sentencia de primera instancia que ordenó a la Ciudad a efectuar las obras, pero las autoridades apelaron y finalmente en 2014 la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó el fallo de primera instancia.

A su vez, en el edificio 26, ex 18, del nudo 11, contiguo al edificio 8 del nudo 10 -desde donde cayeron los tres adolescentes- también hay un expediente a causa de un amparo que presentó el año pasado una vecina, Stella Maris Márquez. La mujer se basó en las declaraciones de emergencia habitacional y edilicia del complejo que datan de 2001 y 2003, que llevó a la Justicia a emitir una orden que no cumplió el IVC, que caducó el 6 de agosto pasado, por lo que se estableció una multa al organismo oficial de 1000 pesos por día, según informó hoy el diario Tiempo Argentino.