Se amplía la denuncia al IVC por "situación precaria y riesgo inminente de accidentes"

El asesor tutelar porteño, Gustavo Moreno, amplió ayer la denuncia contra el Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires (IVC) por la "situación precaria" y "riesgo inminente de accidentes" en la que se encuentran los nudos 10 y 11 del complejo habitacional de Villa Soldati, donde por "omisión deliberada y desobediencia a las demandas judiciales previas" falleció el viernes pasado un chico de 17 años tras caer de un sexto piso.

La Defensoría del Pueblo porteña había alertado sobre la falta de avance de las obras en mayo último y había indicado al gobierno de la Ciudad que la situación "importa un grave riesgo para moradores y transeúntes". 

Además, había una ley de 2001 que declaraba al complejo en emergencia edilicia, una acción judicial de 2009 y dos fallos, el último de la Cámara de apelaciones en abril de 2014, que obligaban al Gobierno porteño y al IVC a hacer las reparaciones del complejo, así como una advertencia de la Defensoría del Pueblo.

El organismo intimó al IVC e hizo una inspección en la que encontró un sólo ascensor (de seis) en funcionamiento, pero "en pésimas condiciones de mantenimiento"; además las escaleras "se encontraban en pésimo estado de conservación, presentado aberturas", lo mismo que las ventanas y otras aberturas tanto en escaleras como en los pasillos que unen los edificios. 

"Implicaban riesgos potenciales de accidentes hacia los moradores y habitantes del complejo habitacional", alertaba el informe, y destacaba que "el IVC es el responsable por el mantenimiento del complejo habitacional Soldati". 

Así, el asesor tutelar presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía Criminal de Instrucción 1 que contiene las alertas y los fallos judiciales que el gobierno de Mauricio Macri desoyó y solicita que la justicia evalúe la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia judicial y homicidio culposo.

"Estoy convencido de lo que firmé. Hubo omisión deliberada por parte de los funcionarios y eso no es negligencia, porque había alertas claras brindadas por informes técnicos y presentaciones, por lo que hubo incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia a demandas judiciales", afirmó Moreno.

La denuncia, dice: "Entiendo que la posibilidad efectiva y cierta de que ocurriera la muerte de un adolescente y las lesiones gravísimas a otros dos menores de edad eran absolutamente previsibles para el Poder Ejecutivo local, especialmente para los funcionarios del IVC que preside Emilio Basavilbaso".

"Los funcionarios del IVC tenían conocimiento de la ilegalidad de su conducta, y sin embargo actuaron con un plus subjetivo de no hacer lo que la ley y la sentencia judicial imponían", afirmó Moreno en el oficio.

"Ahora debemos esperar que la fiscal a cargo haga lo que considere necesario, pero insisto en que estoy muy seguro de lo que presenté", remarcó el asesor tutelar.

El accidente en el que murió Cristian Crespo de 17 años y resultaron heridos Gastón Salinas y Nihuel Ávalos (de 14 y 15 años), ocurrió el viernes pasado, luego de que la baranda de una escalera cediera y los tres adolescentes cayeran al vacío.

El edificio donde ocurrió la tragedia consta de nueve pisos donde viven unas 100 personas y forma parte de un complejo de 12 nudos de 4 torres cada uno y 70.000 habitantes. Fue construido por la Comisión de la Vivienda bajo el nombre de Plan Alborada, que sirvió para relocalizar a familias que vivían en las Villas 31, 9 de Julio, Bajo Belgrano y Monroe en 1972.