El gobierno porteño evita los controles en hospitales de salud mental

Miembros del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORN) denuncian que, mediante una acción judicial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obstaculiza el trabajo que realizan para garantizar y proteger los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental. En diálogo con Nueva Ciudad, la doctora María Graciela Iglesias del ORN aseguró que “el gobierno porteño tiene un doble discurso permanente: ha reconocido al órgano de revisión en los hechos pero luego lo desconoce mediante esta acción”.
 
El ORN fue creado en noviembre de 2013 en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental  y tiene capacidad para actuar en todo el territorio nacional. Sin embargo, Iglesias asegura que desde el gobierno porteño “abogan por sostener una estructura que consideran autónoma y propia del resto del país, con lo cual desconocen la intervención del órgano”.
 
Mediante la sanción de la Ley de Salud Mental se promovió un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental, a través del reconocimiento de los pacientes como sujeto de derechos con capacidad para llevar adelante una vida en comunidad, con los apoyos necesarios.
 
El ORN  fue creado como un organismo de protección y control pero desde el Ejecutivo local interpusieron una acción judicial para impedir el pleno funcionamiento del órgano en el ámbito porteño tras cuestionar los resultados de los monitoreos realizados durante 2014 en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano.
 
“Desde el gobierno porteño están desconociendo el Estado de Derecho argentino que sancionó una ley que trajo consigo la creación de un organismo de control que demanda estándares más altos en materia de salud mental en todo el país”, denunció Iglesias, al tiempo que remarcó que en la Ciudad, la creación del ORN “se ha vivido como una intromisión, que de ninguna manera lo es sabiendo la legitimidad que tiene”.

El intento por desconocer las funciones y los alcances del ORN por parte del gobierno porteño afecta directamente el desempeño sin restricciones que, por ley, posee el organismo e implica la postergación del pleno ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires.