- Archivo
- 29.07.2015
Hotesur: Rafecas le ordenó a la Policía Metropolitana entregar documentación secuestrada
La documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado de Rafecas, ya que estaba siendo traída a la Ciudad desde el sur cuando la Cámara dispuso el apartamiento de Bonadío por presunta parcialidad.
La documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado de Rafecas, ya que estaba siendo traída a la Ciudad desde el sur cuando la Cámara dispuso el apartamiento de Bonadío por presunta parcialidad.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy a la Policía Metropolitana entregar toda la documentación digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace unas semanas en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur, la investigación con la que se intentó involucrar a la familia Kirchner.
En el marco de la investigación, el juez que reemplazó a Claudio Bonadío envió un oficio a la Policía Metropolitana para entregar los soportes informáticos con la documentación que se había incautado en los allanamientos realizados en el sur.
La documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado de Rafecas, porque estaba siendo trasportada vía terrestre desde Santa Cruz a Buenos Aires cuando la Sala I de la Cámara Federal dispuso el apartamiento del juez federal Bonadio del caso por parcialidad.
Hotesur, presidida por Romina Mercado, es la empresa que administra los hoteles que perteneciente a la familia Kirchner en el sur del país.
En noviembre pasado, el juez Bonadio abrió una investigación para esclarecer si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances, por impulso de la diputada Margarita Stolbizer; y luego el fiscal Carlos Stornelli amplió la pesquisa al delito de lavado de dinero por el alquiler de las habitaciones en esos hoteles por parte del empresario Lázaro Báez.
El 12 de julio pasado, Bonadio dispuso una serie de diligencias en Santa Cruz para pedir información sobre 35 empresas, como bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de la Presidenta, y ex administrador del Alto Calafate.
En lugar de utilizar a fuerzas federales, el juez Bonadío utilizó a la Policía Metropolitana para llevar a cabo los allanamientos en la provincia continental más austral del país, lo que llevó a sospechar de los motivos del magistrado para avanzar en una causa que estaba parada desde hace tiempo tan cerca de las PASO del 9 de agosto.
Tras esas diligencias, la Sala I de la Cámara Federal dispuso de oficio separar a Bonadio de la causa por entender que había perdido la imparcialidad y anuló unos peritajes a pedido de la defensa.
La causa pasó a manos del juez Rafecas quien, a partir del lunes próximo, cuando se reanude la actividad judicial tras la feria de invierno deberá resolver si la nulidad fijada por la Cámara Federal incluye a los allanamientos realizados en el sur.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy a la Policía Metropolitana entregar toda la documentación digital que secuestró en los allanamientos que se hicieron hace unas semanas en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur, la investigación con la que se intentó involucrar a la familia Kirchner.
En el marco de la investigación, el juez que reemplazó a Claudio Bonadío envió un oficio a la Policía Metropolitana para entregar los soportes informáticos con la documentación que se había incautado en los allanamientos realizados en el sur.
La documentación en papel ya había sido remitida directamente al juzgado de Rafecas, porque estaba siendo trasportada vía terrestre desde Santa Cruz a Buenos Aires cuando la Sala I de la Cámara Federal dispuso el apartamiento del juez federal Bonadio del caso por parcialidad.
Hotesur, presidida por Romina Mercado, es la empresa que administra los hoteles que perteneciente a la familia Kirchner en el sur del país.
En noviembre pasado, el juez Bonadio abrió una investigación para esclarecer si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances, por impulso de la diputada Margarita Stolbizer; y luego el fiscal Carlos Stornelli amplió la pesquisa al delito de lavado de dinero por el alquiler de las habitaciones en esos hoteles por parte del empresario Lázaro Báez.
El 12 de julio pasado, Bonadio dispuso una serie de diligencias en Santa Cruz para pedir información sobre 35 empresas, como bancos y firmas del contratista de obra pública Lázaro Báez, socio de la Presidenta, y ex administrador del Alto Calafate.
En lugar de utilizar a fuerzas federales, el juez Bonadío utilizó a la Policía Metropolitana para llevar a cabo los allanamientos en la provincia continental más austral del país, lo que llevó a sospechar de los motivos del magistrado para avanzar en una causa que estaba parada desde hace tiempo tan cerca de las PASO del 9 de agosto.
Tras esas diligencias, la Sala I de la Cámara Federal dispuso de oficio separar a Bonadio de la causa por entender que había perdido la imparcialidad y anuló unos peritajes a pedido de la defensa.
La causa pasó a manos del juez Rafecas quien, a partir del lunes próximo, cuando se reanude la actividad judicial tras la feria de invierno deberá resolver si la nulidad fijada por la Cámara Federal incluye a los allanamientos realizados en el sur.
- SECCIÓN
- Archivo
COMENTARIOS