AySA explicó los daños en viviendas en Barracas

AySA explicó los daños en viviendas por la obra de estación de bombeo cloacal en el barrio de Barracas.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) desmintió al diario Clarín y al canal de cable Todo Noticias por las informaciones emitidas respecto de la causa de la Estación de Bombeo Cloacal del barrio de Barracas.

Se trata de la construcción de una Estación de Bombeo Cloacal, sita en Iriarte y Santa María del Buen Aire, en la que los trabajos previos de depresión de napas que requería la obra, provocaron movimientos de suelo que generaron rajaduras y otras consecuencias en viviendas aledañas.

Tras el reclamo de los vecinos, AySA asumió su responsabilidad, evaluó los daños provocados y ofreció las compensaciones correspondientes. Sin embargo, cinco de los veinte vecinos afectados no aceptaron los acuerdos propuestos.

En el diario Clarín y el canal de noticias TN se difundió el caso de Gustavo Ribera y su esposa, Silvina Rozados quienes iniciaron una acción de daños y perjuicios por la suma de $1.346.150 y más US$ 144.000.

AySA mostró siempre el interés de compensar a los vecinos afectados aunque, ante tal desmesura, se vio forzada a seguir la vía judicial.

AySA detalló que la vecina Silvina Rozados solicitó una indemnización de $ 1.346.150 y 144.000 dólares, por lo que "se vio forzada a seguir la vía judicial", y que "el arreglo extrajudicial de mayor valor al que se arribó con los vecinos de Barracas, no supera el 5% de lo reclamado por la señora Rozados y su esposo". "La empresa maneja fondos públicos y tiene la obligación de asignarlos con criterios objetivos de ecuanimidad y en forma responsable y justificada", destacó la firma concesionaria.

Aysa explicó que Rozados "no aceptó ninguna de las propuestas de la empresa y, junto a su marido, se lanzó a una ofensiva mediática plagada de inexactitudes que no reflejan la realidad de los hechos". En este sentido, destacó que los técnicos de AySA fueron a su domicilio "para instalar elementos de medición que permitieran una evaluación de los daños y no para intentar deslindar responsabilidades, como maliciosamente afirma en notas periodísticas".

"Tampoco es cierto que haya obtenido un fallo favorable de la justicia. La medida judicial a la que hace alusión se refiere una causa relacionada que es llevada adelante por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, pero no al juicio que la tiene como actora y que aún no ha ingresado en la etapa probatoria", sostuvo la empresa.

Indicó además que "tampoco es cierto que la vivienda afectada fuera la residencia permanente de la señora Rozados y su familia ni que allí desarrollara tareas vinculadas a su declamada profesión de abogada". La empresa puntualizó que la estación de bombeo cloacal "se encuentra finalizada y en condiciones de sumarse al servicio público, a la espera de que la Justicia en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad habilite la obra para lo cual se realizó una presentación ante la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires".

La mujer denunció en notas periodísticas que la obra "destruyó su casa", lo que la obligó a alquilar un inmueble un año más tarde junto a su esposo y su hijo. Aseguró también que decidió estudiar abogacía "por la mala fe con la que actuó la empresa" y que la obra de Aysa "era ilegal porque no contaba con los permisos del gobierno porteño ni una evaluación de impacto ambiental".