Avanzan con la relocalización de quienes viven en la orilla del Riachuelo

Será a través de una ley aprobada ayer por la Legislatura porteña, en donde se comprometen a darle una solución habitacional a las 1.300 familias que allí viven.

La Legislatura porteña aprobó una ley por la cual el Gobierno de la Ciudad se compromete a darles solución habitacional a más de 1.300 familias que viven a orilla del Riachuelo, sobre lo que se conoce como el Camino de Sirga. La iniciativa de los diputados del PRO Karina Spalla y Cristian Ritondo propone la relocalización de estas familias en cinco predios destinados por la Ciudad para la construcción de nuevos complejos habitacionales.

"Este es un avance muy importante para estas 1300 familias de la Villa 21-24, que hoy viven en condiciones de emergencia habitacional, sanitaria y social, de acceder a su casa propia en condiciones dignas y sin ser desarraigadas de su barrio", señaló Spalla, tresidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano y agregó que "fueron ellos mismos quienes trabajaron junto al gobierno de la Ciudad, eligiendo los terrenos donde ir a vivir".

En tanto, Ritondo destacó "esta iniciativa fue elaborada pensando siempre en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Camino de Sirga, ya que garantiza la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes, ya sea agua, aire y suelos, así como la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción".

También señaló "debe destacarse que la localización de todos estos predios, que conforman la presente ley, cuentan con la aprobación de las familias que desean relocalizarse en cercanías de los lugares que actualmente habitan, tal como consta en las actas de las mesas de trabajo que periódicamente realiza el Instituto de la Vivienda para mantener informados a los vecinos del proceso de relocalizaciones". "El acceso a la vivienda digna es una tarea que requiere la búsqueda permanente del consenso", finalizó.

El proyecto se enmarca en lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia en la Causa Mendoza y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que contempla, entre sus líneas de acción, la urbanización de villas y asentamientos precarios. En el marco de este acuerdo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a disponer de tierras fiscales y/o gestionar los acuerdos y/o financiamiento para la adquisición de predios para la urbanización de villas o asentamientos y/o casos de relocalización total o parcial de población existente en las mismas condiciones de alto riesgo ambiental.

Spalla destacó el trabajo coordinado entre diferentes áreas del gobierno como el Instituto de la Vivienda, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Hábitat e Inclusión y la Dirección General de Inmuebles. La ley es de doble lectura y recibió aprobación inicial.