Vecinos de la Villa 31 denuncian a una empresa privada que quiere cerrar un acceso al barrio

Una empresa privada quiere cerrar una de las dos únicas calles de entrada al Barrio Inmigrantes en Retiro. La denuncia ya fue realizada ante la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo).

Vecinos de la Villa 31 denunciaron a una empresa privada de transporte de cargas que intenta cerrar una de las calles principales del acceso al lugar para transformarla en un estacionamiento. La denuncia fue realizada ante la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) que el ministerio Público Fiscal de la Nación tiene en la Villa 31, donde recibe denuncias, realiza asesoramiento jurídico y acompañamiento de las víctimas, y facilita el seguimiento de los procesos penales.

La empresa en cuestión es la firma Capitán Cortés, que pretende eliminar la cuadra final de la calle 10, aquella que conecta uno de los dos ingresos al barrio con la neurálgica calle 5 y pasa frente al predio concesionado a la empresa transportista.

Los denunciantes aseguran que si la compañía sigue adelante con sus planes, la calle se verá reducida a un estrecho pasillo de unos 2 metros de ancho, de modo que los habitantes del barrio sólo podrán cubrir a pie la cuadra que separa la entrada del caserío con la próxima calle.

"Parecería ser un caso de usurpación del espacio público con fines privados, y como el juzgamiento de este tipo de delito es una de las competencias que la Nación le transfirió a la Ciudad, nosotros presentamos la denuncia ante la justicia porteña", explicó el coordinador general jurídico del programa Atajo, Gerardo Fernández, en comunicación con Agencia Télam.

El funcionario señaló que si "aún no hubo demasiados avances" es porque enseguida comenzó la feria, pero aseguró que desde el programa insistirán con el tema porque "es un delito importante" el que inicialmente se evidencia, "aunque surgirá de las investigaciones" si realmente se ha incurrido en esta conducta y quiénes son los responsables.

Desde la empresa dijeron que tienen la concesión del predio desde el año 1989 y "se está negociando la renovación, pero no se va a privar jamás el acceso a la villa de una ambulancia".

El conflicto probablemente no se habría suscitado si el PRO permitiera la aprobación de la reglamentación de la ley 3343 que, aprobada por la Legislatura porteña en 2009, establece la apertura de calles, la construcción de escuelas y servicios de luz, agua y gas en las villas 31 y 31 bis, donde se calcula que viven unas 60 mil personas.