Solicitan crear una oficina pública que regule los alquileres en la Ciudad

La necesidad de que se cree una oficina pública de negociación que regule los contratos de alquiler en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires fue una de las conclusiones preliminares de una encuesta a inquilinos realizada en esa jurisdicción, en la que se estableció que alrededor del 60 por ciento de los inquilinos destina entre el 30 y el 40 por ciento de su sueldo en el gasto de alquiler.

La encuesta on line se inició en noviembre último y hasta el momento contestaron 500 personas, por lo que sus resultados son preliminares, no obstante lo cual permitieron delinear un proyecto de ley sobre el tema a cargo del diputado del Frente Progresista y Popular Fernando Muñoz.

En un comunicado, donde se dan a conocer los datos de la encuesta y los lineamientos del proyecto, se indica que actualmente alrededor de un tercio de los habitantes de la Ciudad “se ve en la necesidad de alquilar”.

Entre las principales conclusiones arribadas se destaca que el 60 por ciento de los inquilinos alquila mediante una inmobiliaria y la mayoría de los problemas que se le presentan son las comisiones a pagar, el monto del alquiler y la garantía exigida.

Respecto de la percepción sobre el principal responsable de la problemática de los inquilinos, el Estado aparece en primer lugar con el 40,5 por ciento, seguido de las inmobiliarias con el 38,3 por ciento.

Se estableció que el 70 por ciento de los inquilinos desconoce la Ley de Alquileres vigente, y se calculó que el 60 por ciento de los inquilinos destina entre el 30 y el 40 por ciento del sueldo en el gasto del alquiler, en tanto que más del 45 por ciento destina entre 30,7 y el 50 por ciento de su sueldo al pago del alquiler. Más del 70 por ciento de los inquilinos considera que no puede acceder a una vivienda propia.

Consultados sobre cómo se podría mejorar su situación, en primer lugar los inquilinos respondieron “creando una oficina pública que regule los contratos”, seguido por “regulando a las inmobiliarias” y en tercer lugar “cambiando la Ley de Alquileres”.

Entre los principales lineamientos del proyecto de ley que se elaboró como consecuencia de los resultados de la encuesta se incluye la propuesta de que “el contrato se extienda de dos a tres años, que exista una garantía estatal, control a las inmobiliarias y creación de una oficina pública de negociación y representación de inquilinos”.