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- 22.05.2015
PRO bloqueó interpelación a funcionarios porteños por el incendio del taller clandestino
La Legislatura porteña debatió ayer por la tarde, en sesión especial, un proyecto presentado por la oposición para interpelar en el recinto del Parlamento a dos funcionarios macristas, para que respondan sobre la responsabilidad del gobierno de la Ciudad en el incendio en el taller clandestino, por el cual murieron dos niños.
En rigor, la sesión especial fue convocada por las fuerzas opositoras para debatir una resolución que promovía la concurrencia al recinto del subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad, Ezequiel Sabor, y del titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, para responder "en relación a los hechos acontecidos en la calle Páez 2796".
Para ello, debían conseguir un quórum de 31 diputados, algo que se logró al contar con todos los legisladores opositores sentados en sus bancas y obligó a los del PRO, que esperaban en un salón contiguo al recinto, a participar de la sesión.
Entonces, la reunión especial comenzó pasadas las 14.30 con un quórum de 54 legisladores, en un recinto en donde también estaba el papá de los hermanos Rodrigo y Rolando, que fallecieron sofocados tras el incendio del 27 de abril al quedar atrapados en el sótano del inmueble de Páez al 2700.
Asimismo, todos los diputados, a excepción de los macristas, colocaron delante de cada una sus bancas un cartel con la leyenda "Justicia por Rodrigo y Rolando" y al comenzar la sesión rindieron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.
El mecanismo acordado por los jefes parlamentarios para desarrollar el encuentro fue que tanto el impulsor el expediente con la citación, José Cruz Campagnoli, como cada bloque podía hacer uso de la palabra por cinco minutos para argumentar la habilitación del expediente para su votación.
Pasadas las exposiciones, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, llamó a votar a los diputados para avanzar en la citación a los funcionarios, luego de una hora y media de exposiciones.
En ese marco, el PRO votó en contra de la interpelación de Sabor y Centurión, en tanto que la oposición sumó 31 manos alzadas, las que no alcanzaron para aprobar la iniciativa, ya que el reglamento exige los dos tercios de los legisladores presentes para dar curso a una iniciativa de este tipo.
"Esperábamos más, no nos alcanza con un minuto de silencio. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", dijo Esteban Mur, el padre de los niños, tras la finalización de la sesión.
Campagnoli sostuvo que "estas muertes no pueden quedar impunes" y abogó porque "nunca más ocurra una tragedia como ésta y no haya redes de talleres clandestinos antes las narices del Estado".
El legislador Jorge Taiana calificó de "bochornoso" el rechazo del PRO y señaló que "no quieren discutir el tema de los talleres clandestinos, quieren ocultarlo y taparlo abajo de la alfombra".
"Tanto Sabor, como responsable de la Policía del Trabajo, como Centurión, como titular de la Agencia de Control Gubernamental a cargo de las habilitaciones de los comercios e industrias, deben presentarse en la Legislatura y explicar por qué en un taller denunciado y señalado como clandestino nunca realizaron ninguna inspección", remarcó.
En tanto, la diputada Gabriela Cerruti aseveró que "el Estado se desentendió de la suerte de los más vulnerables", al tiempo que la legisladora Paula Pennaca sostuvo que "queda claro que el PRO de esta Legislatura y el macrismo del Ejecutivo tomaron la decisión política de mirar para otro lado y ser cómplices de estas muertes que se están sucediendo en esta ciudad".
El diputado Alejandro Bodart, del MST-Nueva Izquierda, señaló que "una vez más el PRO optó por seguir encubriendo a funcionarios que vienen permitiendo la existencia de talleres clandestinos y toda clase de negocios inescrupulosos. Sin una estructura mafiosa amparada por el gobierno no podría existir esta industria clandestina".
Por su parte, la diputada del PRO y jefa del bloque oficialista, Carmen Polledo, atribuyó la realización de la sesión especial a "algunos sectores" de la Legislatura "que están preocupados por su fracaso electoral".
"La semana pasada, esta Legislatura aprobó siete pedidos de informes por este tema, para lo cual el Ejecutivo tiene 30 días. Si quedaran dudas, los funcionarios van a venir", prometió.
En rigor, la sesión especial fue convocada por las fuerzas opositoras para debatir una resolución que promovía la concurrencia al recinto del subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad, Ezequiel Sabor, y del titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, para responder "en relación a los hechos acontecidos en la calle Páez 2796".
Para ello, debían conseguir un quórum de 31 diputados, algo que se logró al contar con todos los legisladores opositores sentados en sus bancas y obligó a los del PRO, que esperaban en un salón contiguo al recinto, a participar de la sesión.
Entonces, la reunión especial comenzó pasadas las 14.30 con un quórum de 54 legisladores, en un recinto en donde también estaba el papá de los hermanos Rodrigo y Rolando, que fallecieron sofocados tras el incendio del 27 de abril al quedar atrapados en el sótano del inmueble de Páez al 2700.
Asimismo, todos los diputados, a excepción de los macristas, colocaron delante de cada una sus bancas un cartel con la leyenda "Justicia por Rodrigo y Rolando" y al comenzar la sesión rindieron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.
El mecanismo acordado por los jefes parlamentarios para desarrollar el encuentro fue que tanto el impulsor el expediente con la citación, José Cruz Campagnoli, como cada bloque podía hacer uso de la palabra por cinco minutos para argumentar la habilitación del expediente para su votación.
Pasadas las exposiciones, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, llamó a votar a los diputados para avanzar en la citación a los funcionarios, luego de una hora y media de exposiciones.
En ese marco, el PRO votó en contra de la interpelación de Sabor y Centurión, en tanto que la oposición sumó 31 manos alzadas, las que no alcanzaron para aprobar la iniciativa, ya que el reglamento exige los dos tercios de los legisladores presentes para dar curso a una iniciativa de este tipo.
"Esperábamos más, no nos alcanza con un minuto de silencio. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", dijo Esteban Mur, el padre de los niños, tras la finalización de la sesión.
Campagnoli sostuvo que "estas muertes no pueden quedar impunes" y abogó porque "nunca más ocurra una tragedia como ésta y no haya redes de talleres clandestinos antes las narices del Estado".
El legislador Jorge Taiana calificó de "bochornoso" el rechazo del PRO y señaló que "no quieren discutir el tema de los talleres clandestinos, quieren ocultarlo y taparlo abajo de la alfombra".
"Tanto Sabor, como responsable de la Policía del Trabajo, como Centurión, como titular de la Agencia de Control Gubernamental a cargo de las habilitaciones de los comercios e industrias, deben presentarse en la Legislatura y explicar por qué en un taller denunciado y señalado como clandestino nunca realizaron ninguna inspección", remarcó.
En tanto, la diputada Gabriela Cerruti aseveró que "el Estado se desentendió de la suerte de los más vulnerables", al tiempo que la legisladora Paula Pennaca sostuvo que "queda claro que el PRO de esta Legislatura y el macrismo del Ejecutivo tomaron la decisión política de mirar para otro lado y ser cómplices de estas muertes que se están sucediendo en esta ciudad".
El diputado Alejandro Bodart, del MST-Nueva Izquierda, señaló que "una vez más el PRO optó por seguir encubriendo a funcionarios que vienen permitiendo la existencia de talleres clandestinos y toda clase de negocios inescrupulosos. Sin una estructura mafiosa amparada por el gobierno no podría existir esta industria clandestina".
Por su parte, la diputada del PRO y jefa del bloque oficialista, Carmen Polledo, atribuyó la realización de la sesión especial a "algunos sectores" de la Legislatura "que están preocupados por su fracaso electoral".
"La semana pasada, esta Legislatura aprobó siete pedidos de informes por este tema, para lo cual el Ejecutivo tiene 30 días. Si quedaran dudas, los funcionarios van a venir", prometió.
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