Pelota patria: Fútbol para todos, derechos y política

Los críticos señalan, con razón, que el gobierno nacional ha utilizado este programa como plataforma de propaganda política a partir de la decisión de no comercializar los espacios publicitarios, utilizándolos, en cambio, para publicidad (propaganda) oficial. Sin embargo, se suele hacer énfasis en el aspecto económico del problema y no en el político institucional que, desde mi punto de vista, es más relevante.

Usado como un ariete de su enfrentamiento con el grupo Clarín, el programa “Fútbol para todos” ha sido, desde su creación, un ámbito habitual de disputa entre el gobierno nacional y la oposición. Incluso, hace poco tiempo se armó un revuelo importante en la Auditoría General de la Nación con un Informe elaborado por sus equipos técnicos sobre el funcionamiento de este programa desde su creación, en agosto de 2009, hasta el año 2012 inclusive. La negativa de los representantes del oficialismo impidió que el Informe fuera aprobado, aunque igual se publicó como parte del Acta de la sesión del día (ver aquí a partir de la página 57).

La lectura de este extenso informe resulta muy interesante y esclarecedora ya que permite despejar variables y hacer una evaluación más precisa sobre los distintos aspectos que hacen al funcionamiento del programa. Incluso, permite también comprender por qué Mauricio Macri declaró recientemente que si fuera presidente mantendría Fútbol para todos pero incorporando publicidad privada.

Este programa se inició a partir de la cesión en exclusividad que hizo la AFA a favor del gobierno nacional sobre todos los derechos de transmisión del fútbol profesional y su explotación comercial. A cambio, el gobierno nacional se comprometió a abonar a la AFA la suma de 600 millones de pesos por año, ajustables por una extraña fórmula que nunca se llegó a aplicar aunque igual se realizaron ajustes.

Los motivos principales que las partes invocaron para realizar este acuerdo fueron, por un lado, el fortalecimiento y saneamiento de los clubes agrupados en la AFA (4.200 aproximadamente) y, por el otro, hacer efectivo el derecho de la ciudadanía de acceder, en forma gratuita y sin restricciones, a todos los partidos de los diferentes torneos oficiales organizados por la AFA, “teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte que despierta masivamente la atención de los argentinos”.

Está claro que el segundo objetivo se cumplió. El primero, en cambio, no. Entre las medidas que debían adoptar los clubes para cumplir ese objetivo, se establecieron las siguientes: acordar programas de saneamiento; real y efectivo cumplimiento del ejercicio del derecho de admisión, con infraestructura y tecnología que asegura su cumplimiento; sistema de comercialización de entradas que evite su utilización por otra espectador que no sea el adquirente empadronado y que permita el pago directo de los impuestos, tasas y contribuciones con las que resultan gravada la venta de entradas; evitar la reventa, asegurando control biométrico para el ingreso y un sistema de ventas que abarque la totalidad de la geografía del país.

Poco de esto se hizo con las consecuencias conocidas por todos: el Estado aportando miles de millones de pesos mientras la dirigencia de (la mayoría de) los clubes se hacen los distraídos para que nada cambie. Así la violencia y la corrupción siguen mandando. Tan poco hicieron, que en julio de 2012, cuando el programa cumplía tres años de implementado, la AFA dirigió a todos los clubes una carta en la que lamenta que “los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario, se generó un mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables”.

A esta altura está claro el rotundo fracaso del programa en cumplir con uno de sus objetivos principales. Punto sobre el que, no llamativamente, nada dice Mauricio Macri. Puede estar muy bien que el Estado ayude a los clubes con dinero (e incluso que lo haga sostenidamente en el tiempo). Los clubes están para cumplir una función social y cultural muy importante y si es así es bueno que el Estado los respalde. Lo que no está bien es que no se les exija, a cambio, el cumplimiento de metas concretas y exigentes, que pongan fin a los negociados y a la violencia. Y si no es así no se los ayuda. Este es, para mí, el principal fracaso del programa Fútbol para todos.

Pero volvamos al segundo objetivo. Los críticos señalan, con razón, que el gobierno nacional ha utilizado este programa como plataforma de propaganda política a partir de la decisión de no comercializar los espacios publicitarios, utilizándolos, en cambio, para publicidad (propaganda) oficial. Sin embargo, se suele hacer énfasis en el aspecto económico del problema y no en el político institucional que, desde mi punto de vista, es más relevante.

Entre 2009 y 2012, Fútbol para todos costó, según la AGN, la suma de $ 2.967 millones. El 83% de este monto se destinó a la AFA. Si se hubiera comercializado todo el espacio de publicidad disponible durante el partido y las tandas, se hubiera recaudado, en ese mismo período, una suma aproximada de $ 578 millones (según la misma Auditoría –ver Anexo III de su Informe). Esto representa apenas el 20% del costo que tuvo el programa. Solo alcanzaría para pagar los costos de operación y transmisión.

Por eso, insisto, el principal problema del monopolio de la publicidad oficial (con características de propaganda política) en FPT es que genera una distorsión en las reglas de juego de la competencia política, afectando los derechos de los partidos políticos que compiten con el oficialismo para ganarse la voluntad del electorado, y, también, el derecho de los ciudadanos a votar luego de un proceso de debate y deliberación igualitario durante el cual pudo formarse una adecuada idea de las distintas propuestas y programas y el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a ser informado adecuadamente.

Digámoslo así: el costo de FPT por habitante fue de $ 25 por año. Una cifra insignificante para hacer efectivo el acceso a un derecho del conjunto de la ciudadanía.

Una vez más, un buen propósito (que todos podamos ver fútbol gratis y en vivo) fue aprovechado por el kirchnerismo –y la dirigencia del fútbol- para hacer negocios (en términos políticos y económicos). Por su parte, la oposición en vez de concentrarse en los puntos principales prefirió hacerlo en la superficialidad, mostrando una vez más su dificultad para superar, con creatividad y solvencia, los desafíos de agenda política que planteaba el gobierno. Quizás estas situaciones nos permitan comprender mejor por qué, pese a todos los desastres económicos que ha hecho, el oficialismo conserva esperanzas de ganar las elecciones presidenciales de este año. Y también, entendamos mejor por qué Mauricio Macri dice que va a mantener FPT. Si puede ser su gallina de los huevos de oro.


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