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Flores: manteros cortan Avellaneda y Nazca por incumplimientos del Gobierno porteño

Los vendedores ambulantes denuncian que un sector de “la mafia que recaudaba para la comisaría 7ma” los agredieron y que el Gobierno porteño no les permitió instalarse en el predio de Perón y Boulogne Sur Mer. La Policía de la Ciudad dice que aplicará el protocolo antipiquete.

En diciembre del 2015 los manteros que trabajaban en la avenida Avellaneda en el barrio porteño de Flores fueron desalojados. La solución que les presentó el Gobierno de la Ciudad fueron unos cursos en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para blanquear su actividad. Muchos de ellos no pudieron ingresar a los mismos y mantenían una carpa por dicho reclamo que fue desalojada por el Gobierno porteño.

La principal denuncia por la que realizaron hoy el corte es que un sector de “la mafia que recaudaba para la comisaría 7ma” los agredieron y que el Gobierno porteño no les permitió instalarse en el predio de Perón y Boulogne Sur Mer. La Policía de la Ciudad está presente en el lugar y anunciaron que se aplicará el protocolo antipiquetes.



Según la agrupación Vendedores Libres, las medidas de protesta surgen por “el incumplimiento del gobierno de la Ciudad, luego de 15 meses de no haber brindado ninguna solución a pesar de las promesas realizadas”. Denuncian que el Gobierno porteño no cumplió el acuerdo con los trabajadores para cederles un predio en las calles Perón y Bulogne Sur Mer para el jueves pasado y que fueron agredidos por la asociación civil “callejeros”, a quienes acusan de negociar con el Ejecutivo los cursos en la CAME y “mafia que recaudaba para la comisaría 7ma”.

“Queda de manifiesto para los trabajadores la falta de control y complicidad de los funcionarios gubernamentales que permiten semejante accionar delictivo en un predio bajo el control estatal
”, señalaron desde la agrupación y agregaron que son al menos seis mil los manteros que no fueron al curso de la CAME.

Con el anuncio de los vendedores, comenzó la tensión con los comerciantes, quienes habían impulsado el desalojo, en un principio. El principal argumento es que se trata de una competencia desleal y crecimiento del delito.

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