DESCRIMINACIÒN

#Junt@sContraLaViolenciaMachista

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hemos incluido la temática de la violencia de genero y de los malos tratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes como ejes prioritarios de la gestión.

Alejandro Amor
La violencia contra las mujeres en sus múltiples formas constituye un problema político, social y cultural de especial gravedad. Nos conmueve por la reiterada persistencia de las agresiones físicas, psicológicas, sexuales de la vida intrafamiliar que contabilizan mas de diez mil denuncias anuales registradas en la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de justicia, solamente en esta Ciudad y también por la crueldad que revisten los femicidios, las mujeres asesinadas o lesionadas de horrendas maneras, incluso con fuego, el cual genera su particular sufrimiento posterior.

Se trata de un tema histórico, enraizado en los siglos de subordinación y discriminación que signaron la vida del género femenino, y de todos aquellos que no respondieran al patrón cultural dominante -blanco, heterosexual y propietario- investido de derechos por el constitucionalismo moderno desde el luminoso siglo XVIII hacia nuestro presente.

Sin duda y particularmente en el siglo XX se han producido enormes avances en materia de igualdad entre los géneros, en el acceso de las mujeres al reconocimiento de su plena capacidad jurídica, civil, política. Pero la persistencia de las múltiples y horrendas formas de violencia, e incluso su incremento en los últimos años, en nuestra región y a nivel mundial, nos habla de la necesidad de abordar de manera integral una problemática de altísima complejidad.

Es necesario tomar en cuenta las evaluaciones de los equipos especializados que trabajan en los barrios, en los centros de salud, en las escuelas, en los dispositivos de protección de derechos, prestando particular atención a las necesidades y carencias existentes. Las acciones de monitoreo participadas con la comunidad, revisten especial interés para detectar el incumplimiento de la legislación vigente, que es abundante y avanzada en nuestro país, pero de parcial realidad, así como para reconocer los obstáculos y lagunas existentes.

Por eso desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hemos incluido la temática de la violencia de genero y de los malos tratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes como ejes prioritarios de la gestión, con un área especializada en la materia, y convenios de cooperación técnica, profesional y educativa con las organizaciones de la sociedad civil pioneras en estos temas.

Sin duda y particularmente en el siglo XX se han producido enormes avances en materia de igualdad entre los géneros, en el acceso de las mujeres al reconocimiento de su plena capacidad jurídica, civil, política. Pero la persistencia de las múltiples y horrendas formas de violencia, e incluso su incremento en los últimos años, en nuestra región y a nivel mundial, nos habla de la necesidad de abordar de manera integral una problemática de altísima complejidad.


Hemos elaborado un conjunto de proyectos de ley para ser debatidos en la Legislatura porteña teniendo en cuenta las debilidades en las políticas públicas para la prevención de la violencia de género.

En la elaboración de los proyectos tomamos como base propuestas del Movimiento de Mujeres, iniciativas reclamadas históricamente, y en particular las consignas y propuestas de la Movilización del pasado 3 de junio que recorrió la plaza del Congreso y las principales plazas del país con el lema #NiUnaMenos. Consignas y propuestas en debate de las organizaciones sociales desde hace décadas que tienen por objetivo exigir la concreción de leyes existentes y la puesta en marcha de nuevos programas y servicios para la prevención y la asistencia.

En lo específico, impulsamos un proyecto de ley para la creación de una prestación económica mensual y equiparable a un sueldo mínimo destinada a las mujeres las victimas de la violencia de género, para que puedan subsistir y elaborar un proyecto de vida autónoma a partir de su recuperación. En otros textos y recomendaciones proponemos la creación de Centros de integrales de la Mujer con equipos interdisciplinarios altamente capacitados en estas temáticas, uno por lo menos en cada Comuna de la Ciudad, nuevos refugios y patrocinios jurídicos gratuitos tanto en lo civil como en lo penal.

El rol de los organismos públicos no se agota en la asistencia y acompañamiento de las victimas, en el monitoreo de las políticas publicas, en el impulso de proyectos legislativos. Debemos jugar un rol animador de cambios culturales y de la conciencia social. Por ello hemos firmado acuerdos y convenios con las organizaciones de la sociedad civil que luchan desde hace años por la superación de los patrones de desigualdad y la construcción de una sociedad libre de violencias.

Con La Casa del Encuentro, impulsora del primer mapa del Femicidio en la Argentina, que desde el 2008 hasta el 2014 arrojó la aterradora cifra de una mujer muerta cada 30 horas por parte de sus parejas o ex parejas y junto otras organizaciones no gubernamentales como ELA, Equipo latinoamericano de acceso a la justicia, especializada en la temática de igualdad de género y políticas del cuidado, CASACIDN,  organismo encargado del seguimiento y aplicación de la Convención de los derechos del niño, y la Red Internacional de periodistas con perspectiva de género, estamos lanzando una campaña de sensibilización en la prevención de las violencias. En esta campaña el eje pasa por la promoción de la participación ciudadana, solicitando la adhesión de la población a las iniciativas legislativas mencionadas destinadas a ampliar los servicios, programas y prestaciones de atención a las victimas de violencia de género.

El objetivo irrenunciable de construir una sociedad libre de violencias con plena igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y el reconocimiento de la diversidad social, sexual y cultural son mandatos constitucionales. Deviene del paradigma de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y constituye e integra una ética política y de la vida ciudadana que reivindicamos como central en nuestro plan de acción y gestión institucional.

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