HONESTISMO A ULTRANZA

Una extraña virtud

La tarea más elemental de la política consiste en resolver los conflictos de interés de la sociedad, lo que incluye resistir las constantes presiones de los grupos de poder. Es por eso que el gobernante sensible a las sospechas de corrupción no hace otra cosa que otorgar, a los medios o al Poder Judicial, un poder de veto sobre su política, esa que fue votada por las mayorías.

Sebastián Fernández
“Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían."

De la Rúa sobre la designación de Cavallo como ministro de Economía / 2010

Luego de dos semanas de presión mediática, Fernando Niembro, candidato a primer diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, declinó su candidatura. El ex candidato argumentó que no quería perjudicar a su partido y que necesitaba tiempo para defenderse de las acusaciones de corrupción referidas a sus contratos con el gobierno de la CABA.

Algunos medios saludaron el gesto que, en su opinión, diferenciaba al PRO del FPV, ya que sin esperar que la Justicia actuara, el partido de Mauricio Macri decidió separar al sospechado. Estaríamos frente a un ejemplo de gobernante virtuoso, sensible a la opinión pública y sin ninguna tolerancia, ya no a la corrupción, sino a las sospechas de corrupción.

Lo asombroso es que los mismos medios que exigían la renuncia de Niembro por sospechar que los servicios brindados fueron inexistentes, y los pagos, coimas millonarias, no pidan también la renuncia de quién contrató y pagó. Otro ejemplo de moralismo Pilates, de máxima elasticidad.

Pero lo más relevante del episodio Niembro es el relanzamiento de un sólido lugar común honestista: la virtud de la renuncia a un cargo público frente a una sospecha mediática.

Virtud opinable, al menos por dos razones.

La primera tiene que ver con los tiempos judiciales, que en la Argentina tienden a infinito. Fernando De la Rúa, por ejemplo, fue sobreseído por la represión de diciembre del 2001 recién en 2012. Según el paradigma honestista, durante esos once años que se dedicó a recorrer tribunales debería haber renunciado a la política (hecho que efectivamente ocurrió pero por razonas políticas, no morales).

Lo que diferencia a un holding de medios del resto: a Arcor o a Techint, por ejemplo, les cuesta un poco más hacer que “la opinión pública” defienda sus intereses como si fueran propios.


Por su lado, Macri fue denunciado en 2009 por escuchas ilegales y procesado por la misma causa un año después. Si la renuncia frente a una sospecha mediática fuese la regla, los porteños se hubiesen quedado sin Jefe de Gobierno hace seis años, no podrían haberlo reelegido con más del 64% en 2011 y más de cinco millones de electores se hubieran quedado sin candidato presidencial en las PASO de este año.

La segunda razón tiene que ver con otro lugar común honestista: asimilar los medios a “la opinión pública”, como candorosamente hace De la Rúa en la cita del inicio de la columna. Así como Mirtha Legrand suele lanzar al aire opiniones personales disfrazadas de comentarios “que le dice la gente” (como aquel sobre el cajón de Néstor Kirchner), los medios avanzan con su propia agenda a través de “sospechas ciudadanas”.

Es por eso que el gobernante sensible a las sospechas de corrupción no hace otra cosa que otorgar, a los medios o al Poder Judicial, un poder de veto sobre su política, esa que fue votada por las mayorías.


Eso es lo que diferencia a un holding de medios del resto: a Arcor o a Techint, por ejemplo, les cuesta un poco más hacer que “la opinión pública” defienda sus intereses como si fueran propios.

La tarea más elemental de la política consiste en resolver los conflictos de interés de la sociedad, lo que incluye resistir las constantes presiones de los grupos de poder, desde la Iglesia a los bancos, pasando por la UIA, los exportadores agropecuarios, los sindicatos, los socios regionales, la embajada de EEUU o, también, los medios.

Es por eso que el gobernante sensible a las sospechas de corrupción no hace otra cosa que otorgar, a los medios o al Poder Judicial, un poder de veto sobre su política, esa que fue votada por las mayorías.

Sin duda una extraña virtud.

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