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- 17.01.2013
La Ciudad debate hoy sobre el futuro de la recolección de residuos
Funcionarios, legisladores, dirigentes y vecinos participarán hoy de una audiencia pública para debatir el proyecto de pliego de licitación para la contratación, por 10 años, de un nuevo servicio público de higiene urbana. Se espera que en la audiencia, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, no esté exenta de polémica luego de los diversos inconvenientes que se produjeron en la recolección de residuos y el anuncio por parte de la administración Macri de reducir en 78 por ciento la cantidad de basura a enterrar en 2014.
Según adelantaron los diputados porteños María José Lubertino (FPV) y Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) utilizarán la audiencia como espacio para denunciar el incumplimiento de los actuales pliegos y el aumento del presupuesto destinado al área sin la consecuente mejora del servicio. La ex titular del INADI sostuvo que la administración Macri "omite negligentemente controlar a las empresas y sus constantes desmanes en la vía pública, así como lo hace con las empresas a cargo del servicio de grúas".
Por su parte, Bodart dijo que "los contratos que se han hecho tienen muchas irregularidades" y recordó que la recolección de residuos es la erogación más grande del presupuesto porteño, cercana al 7,2 por ciento, y la única que aumenta a ritmo sostenido desde hace 5 años.
Según los datos oficiales extraídos de los presupuestos, en 2008 se gastaron 935 millones de pesos en el área mientras en 2012 fue de 2395 millones, lo que supone aumento superior al 400 por ciento. Asimismo, en la Ciudad 4 de las 5 empresas responsables de la higiene urbana son privadas, y los costos que le generan al erario público son, al menos, disímiles: mientras que el costo por cuadra para el ente público de higiene es de 53.907 pesos, los privados cobran más del doble, superando los 130.000 pesos.
Por otra parte, la relación de las empresas con el gremio de Camioneros despierta suspicacias por parte del arco político opositor. En diciembre pasado -y en medio de una crisis de recolección que llevara al ministro Diego Santilli a amenazar con rescindir contratos- el titular del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Juan Cabandié, dijo que la solución era "sentarse a hablar con las empresas, de forma profesional, no siendo un chupamedias de (Hugo) Moyano, porque las condiciones las tiene que poner el Estado".
"La recolección no funciona mal hace un mes, sino hace cuatro o cinco años y es una es una responsabilidad compartida entre la Ciudad, que aumenta millonariamente los presupuestos, y el Gremio de Camioneros, porque para sentarse a hablar con las empresas parece que hay que sentarse con Moyano", afirmó Cabandié.
En el mismo sentido, Lubertino se preguntó: "¿Es simplemente una muestra de ineficiencia en la gestión o acaso existen otras razones que han forzado a esta administración a extender desmesuradamente los contratos?".
Por su parte, Bodart sostuvo que el líder de la CGT-Azopardo "tiene intereses concretos en las empresas" y denunció la existencia de acuerdos entre el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y Moyano.
"Siempre se busca favorecer a las empresas y no al Estado: Cuando se inicia un nuevo período, las empresas deben despedir, indemnizar y re contratar al personal, y por un acuerdo esa indemnización recae sobre el Gobierno de la Ciudad, estatizando deuda privada", agregó.
La relación entre Moyano y una de las empresas que trabajan en el conurbano bonaerense fueron señaladas por diversas investigaciones periodísticas y que los intendentes de Esteban Echeverría y Quilmes -Fernando Grey y Francisco Gutiérrez, respectivamente- denunciaron presiones al anunciar la rescisión del contrato con la recolectora Covelia.
En otro orden, la convocatoria para la audiencia pública para mediados de enero también fue motivo de objeciones, ya que, según denunciaron los inscriptos, se eligen estas fechas para que participen la menor cantidad de actores posibles. De hecho, al estar la Legislatura sin actividad y con la mayoría de los diputados vacacionando, son pocos los que expondrán en la reunión.
En el mismo sentido, fuentes del bloque del PRO además desestimaron la participación de sus representantes "porque es un tema que se maneja desde el ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad" que conduce Santilli.
También Jorge Sanmartino, miembro de la Junta Comunal 7, denunció que desde el gobierno de la Ciudad le negaron la posibilidad de ser ponente porque se habían cerrado las listas: "Los funcionarios electos tenemos derecho a la participación más allá de las fechas de convocatoria", explicó.
Fuentes de la cartera que conduce Santilli confirmaron que el funcionario participará de la audiencia, donde expondrá la posición del Gobierno de la Ciudad y que incluye, por ejemplo, mantener la actual estructura preeminentemente privada de la recolección.
"El nuevo servicio exige el 100 por ciento de la ciudad con contenedores, con una frecuencia de recolección de siete días a la semana, garantizando la recolección en villas de emergencia, y garantizando la continuidad de los 5000 trabajadores del rubro, independientemente del resultado de la licitación", informaron desde el ministerio.
Fuente: Télam
Según adelantaron los diputados porteños María José Lubertino (FPV) y Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) utilizarán la audiencia como espacio para denunciar el incumplimiento de los actuales pliegos y el aumento del presupuesto destinado al área sin la consecuente mejora del servicio. La ex titular del INADI sostuvo que la administración Macri "omite negligentemente controlar a las empresas y sus constantes desmanes en la vía pública, así como lo hace con las empresas a cargo del servicio de grúas".
Por su parte, Bodart dijo que "los contratos que se han hecho tienen muchas irregularidades" y recordó que la recolección de residuos es la erogación más grande del presupuesto porteño, cercana al 7,2 por ciento, y la única que aumenta a ritmo sostenido desde hace 5 años.
Según los datos oficiales extraídos de los presupuestos, en 2008 se gastaron 935 millones de pesos en el área mientras en 2012 fue de 2395 millones, lo que supone aumento superior al 400 por ciento. Asimismo, en la Ciudad 4 de las 5 empresas responsables de la higiene urbana son privadas, y los costos que le generan al erario público son, al menos, disímiles: mientras que el costo por cuadra para el ente público de higiene es de 53.907 pesos, los privados cobran más del doble, superando los 130.000 pesos.
Por otra parte, la relación de las empresas con el gremio de Camioneros despierta suspicacias por parte del arco político opositor. En diciembre pasado -y en medio de una crisis de recolección que llevara al ministro Diego Santilli a amenazar con rescindir contratos- el titular del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Juan Cabandié, dijo que la solución era "sentarse a hablar con las empresas, de forma profesional, no siendo un chupamedias de (Hugo) Moyano, porque las condiciones las tiene que poner el Estado".
"La recolección no funciona mal hace un mes, sino hace cuatro o cinco años y es una es una responsabilidad compartida entre la Ciudad, que aumenta millonariamente los presupuestos, y el Gremio de Camioneros, porque para sentarse a hablar con las empresas parece que hay que sentarse con Moyano", afirmó Cabandié.
En el mismo sentido, Lubertino se preguntó: "¿Es simplemente una muestra de ineficiencia en la gestión o acaso existen otras razones que han forzado a esta administración a extender desmesuradamente los contratos?".
Por su parte, Bodart sostuvo que el líder de la CGT-Azopardo "tiene intereses concretos en las empresas" y denunció la existencia de acuerdos entre el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y Moyano.
"Siempre se busca favorecer a las empresas y no al Estado: Cuando se inicia un nuevo período, las empresas deben despedir, indemnizar y re contratar al personal, y por un acuerdo esa indemnización recae sobre el Gobierno de la Ciudad, estatizando deuda privada", agregó.
La relación entre Moyano y una de las empresas que trabajan en el conurbano bonaerense fueron señaladas por diversas investigaciones periodísticas y que los intendentes de Esteban Echeverría y Quilmes -Fernando Grey y Francisco Gutiérrez, respectivamente- denunciaron presiones al anunciar la rescisión del contrato con la recolectora Covelia.
En otro orden, la convocatoria para la audiencia pública para mediados de enero también fue motivo de objeciones, ya que, según denunciaron los inscriptos, se eligen estas fechas para que participen la menor cantidad de actores posibles. De hecho, al estar la Legislatura sin actividad y con la mayoría de los diputados vacacionando, son pocos los que expondrán en la reunión.
En el mismo sentido, fuentes del bloque del PRO además desestimaron la participación de sus representantes "porque es un tema que se maneja desde el ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad" que conduce Santilli.
También Jorge Sanmartino, miembro de la Junta Comunal 7, denunció que desde el gobierno de la Ciudad le negaron la posibilidad de ser ponente porque se habían cerrado las listas: "Los funcionarios electos tenemos derecho a la participación más allá de las fechas de convocatoria", explicó.
Fuentes de la cartera que conduce Santilli confirmaron que el funcionario participará de la audiencia, donde expondrá la posición del Gobierno de la Ciudad y que incluye, por ejemplo, mantener la actual estructura preeminentemente privada de la recolección.
"El nuevo servicio exige el 100 por ciento de la ciudad con contenedores, con una frecuencia de recolección de siete días a la semana, garantizando la recolección en villas de emergencia, y garantizando la continuidad de los 5000 trabajadores del rubro, independientemente del resultado de la licitación", informaron desde el ministerio.
Fuente: Télam
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