Hay que cerrar la etapa de los derechos humanos. ¿O hay que abrirla?

Esta semana el debate político se vio sorprendemente copado por una cuestión que hasta el momento aparecía ser marginal. Así, hemos visto críþicas a la actual política que impulsa juicios y condenas a aquellos militares y civiles implicados en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura.

Todo comenzó con Mauricio Macri, quien dijo según el diario La Nación dijo "Conmigo se acaban los curros en derechos humanos". Estas declaraciones causaron un gran revuelo; casi todas las voces del arco político las repudiaron. El mismo Mauricio Macri fue el primero en aclarar que el diario La Nación lo había sacado de contexto, dado que el párrafo completo del cual se extrajo el título se refería exclusivamente a casos escandalosos como las de la Fundación Sueños Compartidos, y que la frase anterior a este párrafo afirmaba que “mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación.”

Sin embargo, y a pesar de la polémica desatada por las declaraciones de Macri, unos días después Sergio Massa copó las redes sociales con sus declaraciones al diario El Tribuno de Salta de “la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos”. Massa, antes que dejar que el tema se evapore, duplicó la apuesta.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 13 de diciembre dijo entre otras cosas “los derechos humanos no son un curro.” Esta reacción era esperable, después de todo, la boutade de Sergio Massa estaba dirigida sin dudas contra la política del gobierno nacional de impulso a los juicios contra represores. Pero no fue la única crítica. Desde Daniel Scioli a Adolfo Pérez Esquivel salieron a criticarlo.

Frente a las reacciones, Sergio Massa volvió rápidamente sobre sus pasos. El blog “Nestornautas” tiene una buen crónica de cómo Massa alteró sus dichos, incluyendo el cambio de un título de la nota de La Nación que pasó de “Hay que cerrar la etapa de los derechos humanos en la Argentina” a “Yo creo que la Argentina tiene que cerrar bien la etapa de los derechos humanos”. Habituales voceros de Massa intentaron aclarar que la propuesta no era detener los juicios sino avanzar hacia otros modelos de justicia transicional, como el sudafricano.

No sólo Daniel Scioli manifestó una (reciente) vocación pro-derechos humanos. El  subsecretario de derechos humanos en la CABA dijo que lo de Massa era “un error garrafal”. Finalmente, Eduardo Duhalde dijo que “no comparte de ninguna manera” la frase de Massa y recalcó que cuando él había asumido la intendencia de Lomas de Zamora en 1983 lo hizo rodeado de “pañuelos blancos” de las Madres de Plaza de Mayo. Esta opinión final es taxativa. Si Eduardo Duhalde, que hizo entrar en política a Massa poniéndolo en una lista en 1999 y quien dijera en un recordado discurso en 2011 que las banderas de las organizaciones juveniles kirchneristas son “prácticamente de subversivos”, se distancia de la frase de Massa, no queda duda que la misma es demasiado extrema.

Lo más llamativo de todo este entuerto es que ni siquiera hay evidencia que comprueba que este discurso sea demagógicamente efectivo hacia la opinión pública. (Esta falta de eficacia es remarcada por el hecho de que tanto Macri como Massa tuvieron que salir rápidamente a hacer control de daños comunicacionales sobre las notas publicadas en la Nación. Como nota al pie hay que señalar que el medio que hizo foco sobre estas declaraciones fuera La Nación, que es un medio, teóricamente, afín a estos candidatos.)

Por supuesto, es cierto que hay un sector social que es crítico a la política de juicio y castigo para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. También es cierto que la imagen pública de los organismos de derechos humanos ha sufrido últimamente con la malversación de fondos en la Fundación dirigida por Hebe de Bonafini y con el perfil más político de Estela de Carlotto. Pero estas posturas siguen siendo minoritarias y su capacidad de fijar consensos es dudosa, ya que las mismas se encuentran, todavía, alejadas del centro imaginario de la opinión pública.

El hecho de imaginar que porque Hebe de Bonafini tiene mala imagen esto significa que no existe apoyo social a los juicios reposa en una confusión. La opinión pública argentina puede sostener al mismo tiempo varias opiniones aparentemente contradictorias entre sí. Es posible creer, aparentemente, que la principal preocupación es la inseguridad y que hace falta endurecer la punitividad del estado, que algunos miembros del movimiento de Derechos Humanos son criticables y al mismo tiempo pensar que la política de juicio y castigo por vía judicial a los culpables de violaciones a los derechos humanos es adecuada o, como mínimo, que no hay ninguna urgencia para cambiarla. Es posible sospechar de algunas figuras públicas y llorar con la restitución de cada nieto encontrado. Mientras los juicios sigan refrescando la memoria colectiva con más detalles del horror, mientras cada nieto y nieta recuperada ponga en primera plana detalles escabrosos, mientras las figuras intelectuales que quieran abrir este debate tengan el poco vuelo de, por ejemplo, Ceferino Reato, y mientras cada militar acusado que revele la profundidad del abismo antidemocrático que aún se esconde en esas visiones será difícil discutir el “modelo transicional” que, bien o mal, logró la Argentina.

Sorprende además que este discurso se presente una y otra vez como una novedad “políticamente incorrecta”. Este discurso ni es novedoso ni es políticamente incorrecto. Existe desde 1983, durante el menemismo fue política de estado. Por otra parte ha sido ofertado electoralmente antes, entre otros por Eduardo Duhalde en 2011, y no ha tenido una gran potencia electoral. No parece existir una mayoría silenciosa de argentinos, expectante, esperando votar en masa a quienes planteen “cerrar la etapa de los derechos humanos”. Ponerse en esta vereda es exponerse a recibir descalificaciones de personas de trayectoria reconocida como Adolfo Pérez Esquivel, que no puede ni siquiera ser acusado de kirchnerista. ¿Por qué y para qué asumirlo? ¿Son las encuestas, los focus, los donantes de campaña quienes lo exigen?

El discurso de los derechos humanos en Argentina mantiene, todavía, una gran potencia imaginaria. Su hegemonía ideacional no es total, y con el paso de los años es esperable que surjan perspectivas más críticas (esperable y deseable: toda tradición recibida debe ser puesta en cuestión), pero aún “mantiene el centro” en la Argentina. Y eso no exclusivamente gracias al kirchnerismo. El primero en plantear “juicio y castigo” fue Raúl Alfonsín y esta actitud es parte esencial de la identidad progresista no peronista. Plantear que hay que “dejar atrás” este discurso no sólo ataca al kirchnerismo sino a la historia más lúcida del radicalismo.

Finalmente: la idea de que una agenda de nuevos derechos sociales (al empleo joven, a la salud, a la educación de alta calidad) se contrapone a la “vieja agenda” de los derechos políticos liberales o la supera es sencillamente absurda. Decir que hoy debemos atender a los adolescentes que necesitan educación y trabajo es sólo posible porque socialmente condenamos un régimen que convirtió a los jóvenes en enemigos y sospechosos de facto; plantear agendas de transparencia sólo es posible hoy porque antes se luchó contra un régimen tan opaco que, literalmente, no asesinaba ni encarcelaba abiertamente sino que “desaparecía”; construir la educación y la salud que necesitamos nos obliga a recordar que la dictadura echó profesores y cerró hospitales así, sin más.

Todos y cada uno de los derechos que faltan aún en Argentina son derechos que la dictadura del Proceso negó o buscó disminuir. En este país no nos hace falta cerrar etapas, sino, en todo caso, abrirlas.