Defensoría del pueblo exige soluciones al gobierno porteño por niños intoxicados con plomo

Se detectaron 63 nuevos casos de intoxicación con plomo en el sur de la ciudad. La mayoría son niños y familias de bajos recursos. La Defensoría reclama al gobierno porteño tomar acciones en la causa.

Un informe realizado por la Defensoría del Pueblo arrojó la cifra de 63 casos de contaminación con plomo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Esta problemática ya había sido denunciada en 2013 a raíz de otro informe realizado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sobre 962 niños de la villa 21-24, ubicada en Barracas, en el cual detectaron que un 25% presentaba contaminación.

Los barrios analizados en este último informe fueron los de la Villa 20 – cuyo territorio limita con el del barrio Papa Francisco, y la presencia de plomo fue utilizada como argumento por parte del Gobierno de la Ciudad para proceder con el desalojo-,  el barrio Ramón Carrillo, y el barrio San Blas de la Villa 21-24.

A raíz de estos resultados, el defensor del pueblo Alejandro Amor reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “políticas activas para controlar y prevenir la contaminación con plomo que afecta a la zona sur de la Ciudad”, ya que está considerada como “la principal enfermedad previsible de la niñez” por parte del  Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, solicitó información respecto a la existencia del equipamiento necesario en los hospitales para la detección del plomo en sangre y se comprobó la deficiencia de los mismos. El Laboratorio de Toxicologia del Hospital Garrhan es el único que cuenta con la infraestructura necesaria para realizar los estudios pertinentes.

De esta manera, la Defensoría instó a la Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad, Graciela Reybaud, a disponer del presupuesto necesario para adquirir el equipamiento para la detección de metales pesados en al menos uno de los hospitales de la Ciudad y, por supuesto, garantizar su mantenimiento y proveer el personal debidamente capacitado para operar las máquinas. Además, solicitó fortalecer el seguimiento y derivación de los pacientes intoxicados. A través de esta resolución, la Defensoría dio un plazo de 30 días al Ministerio para dar una respuesta.

La subsecretaria de Derechos Urbanos y Ambientales, Bárbara Rossen, en comunicación con Nueva Ciudad afirmó que “la prevención es fundamental así como la detección y el saneamiento de las tierras para evitar que esto continue”. Además, recalcó la importancia de implementar de manera obligatoria la Hoja Pediátrica de Pesquisa del Riesgo Ambiental, sobre todo en estos barrios de bajos recursos.