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- 08.05.2015
Botando lo electrónico: un debate desordenado
La discusión acerca de la Boleta Única Electrónica (BUE) ha sido abordada desde distintas perspectivas, metodologías y visiones. Existen argumentos contrapuestos sobre su bondad en relación con la seguridad informática y el secreto del voto; la privatización del sistema; su implementación, y -algo menos debatido- los efectos potenciales del diseño. Ordenar la discusión, ya sea alrededor de estos ejes o de otros, pero ordenarlo, creo es de utilidad para un debate más y mejor informado.
Por Juan Pablo Ruiz Nicolini. Politólogo.
(www.tuqmano.com / @TuQmano)
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La discusión acerca de la Boleta Única Electrónica (BUE) ha sido abordada desde distintas perspectivas, metodologías y visiones. Existen argumentos contrapuestos sobre su bondad en relación con la seguridad informática y el secreto del voto; la privatización del sistema; su implementación, y -algo menos debatido- los efectos potenciales del diseño. Ordenar la discusión, ya sea alrededor de estos ejes o de otros, pero ordenarlo, creo es de utilidad para un debate más y mejor informado.
Un primer grupo de argumentos alrededor de la tecnología refieren a temas de seguridad de los sistemas, por la eventual posibilidad de hackeo de los mismos, y la posibilidad de vulnerar el secreto de las votaciones. Javier Smaldone y Beatriz Busaniche (de la Fundación Vía Libre) se han esforzado en denunciar posibles irregularidades relacionadas con el voto electrónico en general, y sobre la BUE en particular.
Smaldone, por su cuenta, llevó adelante una demostración de cómo estas boletas podrían ser manipuladas con una simple aplicación de un teléfono celular. A ello se le replicó, en principio, que su experimento fue factible porque no se trataba de las boletas que se utilizan en elecciones reales, las cuales no pueden sobrescribir información una vez que ya han sido utilizadas, y solamente pueden ser leídas a una muy corta distancia. Una vez emitido el voto, el chip solo podría ser leído.
Sin embargo Smaldone señala lo que es para él otra faceta de la vulnerabilidad: se basa en que el sistema podría llegar a ser utilizado por punteros políticos para asegurarse el voto de un potencial cliente electoral: los votantes deberían hacer que un celular corriente – con una aplicación de fácil acceso pre cargada en el dispositivo- lea el voto antes de depositarlo en la urna. Con esa certeza por parte del puntero se procede al pago correspondiente por el voto al partido. Este argumento aparece simplemente como una versión HiTech de algunos mecanismos de control del voto a partir de los cuales los punteros políticos controlan sus clientelas. No sería, en sí mismo, un efecto generado por la implementación del nuevo sistema, sino una variante tecnológica de prácticas non sanctas electorales. El voto cadena como mecanismo fraudulento en elecciones tradicionales es un ejemplo de ello. Creo que en definitiva las dificultades tienen más que ver con un correcto diseño y puesta en práctica de la implementación que de características intrínsecas del sistema.
El sistema de la empresa Magic Software Argentina (MSA), proveedora para los comicios salteños y porteños, parece sortear muchas de las debilidades de otros sistemas de votación electrónica. Uno de los principales es que el proceso de escrutinio puede ser fiscalizado y reproducido, en tanto y en cuanto cada voto es impreso y depositado en una urna además de la grabación en el chip (RFID) que contiene la boleta. Esto último permite controlar que lo que se grabó sea equivalente a lo impreso; el soporte papel de la impresión del voto brinda además la posibilidad de un conteo manual. Esta es una de las principales diferencias con sistemas como los vigentes en India y Brasil, o que se dejaron de usar como los de Alemania y Holanda (en muchas ocasiones citados como ejemplos para disuadir de la implementación de alternativas electrónicas en nuestro país).
La única ventaja observable de la BUE sobre otras opciones de Boleta Única, en palabras de Smaldone, sería la rapidez con la que se contabilizan los votos. Creo sin duda que esta es una de sus mayores ventajas (junto al reaseguro de que no habrá faltante de boletas), y creo que es una muy importante, dado que la celeridad para hacer públicos los resultados es un elemento central de legitimación del proceso electoral; las demoras generan desconfianza y muchas veces son usadas políticamente por los actores involucrados para alimentar temores y sembrar dudas.
También se ha argumentado en contra de la novel tecnología con argumentos que apuntan a la “privatización del acto electoral”, como sostiene Busaniche. Esta postura pone énfasis en argumentos como la contratación de servicios para el desarrollo de los actos comiciales o el hecho de generar una elite tecnológica que sería la única con capacidad de auditar los sistemas informáticos. La polémica alrededor de la auditoría realizada en Salta, aunque con notorios intereses políticos, le da mayor fuerza al argumento. La pretensión del desarrollo de un sistema de código abierto, como una de las propuestas de Santiago Siri (presidente de DecomcracyOS), es una alternativa posible.
La auditoría de la tecnología es un requisito importante. Y, apartándonos un poco de la controversia coyuntural, es un buen indicador que la ley de la provincia de Salta para “Normas de control del Voto Electrónico” (Nº 7.730) haya sido una iniciativa de la oposición legislativa de la provincia y su trámite haya concluido con su aprobación por unanimidad en ambas cámaras. Pero las auditorías no las hacen los “ciudadanos de a pie”, sean estas con el sistema de votación que sea.
También se ha argumentado sobre los procesos licitatorios a través de los cuales se contratan los servicios y los derechos de patentes ligados a estos desarrollos tecnológicos. María Inés Tula señala que de ello también dependerá la transparencia y la confiabilidad del sistema, sobre todo al generar requisitos de auditoría y transparencia de los productos y servicios. Creo, sin embargo, que algunos de estos argumentos, planteados de manera desordenada para evaluar cuan bueno/malo es el sistema de votación, solo generan más ruido.
Busaniche ha publicado en su perfil de Twitter y en Vía Libre varias entradas en las que discute alrededor de estos temas. Sobre la patente, por ejemplo, muestra como la descripción que hace MSA sobre su “invento” avanza hacia lugares sobre los que supuestamente la BUE no llega (como el almacenamiento de los votos en la terminal). ¿Significa la descripción (¿de máxima?) del sistema en el trámite de la patente que la tecnología utilizada en los comicios de Salta y que pretenden usarse en la Ciudad de Buenos Aires tienen esas capacidades? Sobre las licitaciones, por otro lado, compartió una nota de Claudio Mardones en la cual se detallan los procedimientos administrativos llevados adelante por la administración macrista.
Creo que estos puntos son atendibles y que merecen ser tenidos en cuenta, pero para una discusión sobre la transparencia de la administración pública o, en un plano más teórico, sobre un debate Copyright – Copyleft, que excede a esta columna. De hecho, la propia Busaniche cuenta sobre la caducidad de la patente tramitada para el sistema de MSA, y por ello abierta la posibilidad de un “desarrollo de dominio público”, como defienden desde Vía Libre y Siri.
Por otro lado, la esencia del argumento de la privatización se basa en la sencillez. Esto es, que los electores tienen que ser capaces de discernir desde el momento que emiten el voto hasta el final del proceso cómo se dieron las cosas. Los sistemas con algún grado de informatización pasan de este modo a ser un problema para ellos. Lo que no queda claro es cómo la capacidad ciudadana de “ver todo el proceso” se extiende luego de que se firmaron las actas en el escrutinio de cada mesa: las urnas y los votos necesitan ser trasladadas, las actas transmitidas y cargadas a una base de datos y los resultados ser publicitados con claridad. Esto, claro está, necesita de mecanismos a partir de los cuales los partidos, apoderados, sociedad civil, autoridades, etc. pueden participar como contralor, según las previsiones estipuladas en las normas de Gobernanza Electoral. Pero no habría motivos porque la BUE tendría mayores problemas en estos aspectos. Ciudadanos (autoridades y fiscales) parecieran tener la misma capacidad en el primer conteo de los votos con la BUE que con el sistema tradicional.
Las críticas que apuntan a que existe oscuridad en el proceso, se apoyan en el ejemplo de Alemania, país pionero en voto electrónico, donde una decisión del Supremo Tribunal Constitucional generó una marcha atrás en el uso del voto electrónico. El tribunal superior germano argumentó que este mecanismo no generaba la confianza necesaria en los ciudadanos. Pero, a diferencia de Alemania, el sistema utilizado en las elecciones salteñas desde el año 2009 si permite que los ciudadanos entiendan los “pasos esenciales de la gestión electoral y de la determinación del resultado (…) de manera confiable y sin conocimientos técnicos especiales”. Al menos en el momento del recuento de votos. Este paso del proceso, siguiendo las palabras del Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, donde “los protagonistas son el presidente de mesa y los fiscales, sin terceros, es la piedra angular en que se asienta la democracia” (…) Lo que hacemos los que trabajamos en elecciones es meramente instrumental; el voto y el recuento en mesa son sustanciales”.
Llevado al plano local, como argumento contrario al citado caso alemán, podemos encontrar un estudio de CIPPEC realizado durante las elecciones salteñas de 2013 que muestra, en términos generales, un alto grado de confianza sobre la implementación y la usabilidad por parte de electores y autoridades de mesa, a la vez que estiman que este tipo de transformaciones conllevan procesos graduales de adaptación. El trabajo no deja de resaltar varias dificultades con la que los actores se encontraron a lo largo proceso eleccionario y algunas recomendaciones para mejorar su performance, pero ciertamente no descalifica su perfectible desempeño.
Acuerdo sí con la idea detrás del (informal) análisis de Delia Ferreira Rubio a partir de las respuestas poco informadas y contradictorias que le proporcionaron los capacitadores durante las PASO en la Ciudad; y creo que, como sostienen los documentos de trabajo de CIPPEC antes citados, es importante para el éxito de la implementación un adecuado plan de capacitaciones, diferenciando entre poblaciones socio demográficas, y un amplio acuerdo político de las fuerzas que acompañe estos procesos para generar mayores niveles de confianza. El caso de Salta parece transitar ese camino mucho mejor de lo que está sucediendo en la Ciudad. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya advirtió sobre la posibilidad un dictamen desfavorable por este tema “si todos los votantes no son capacitados previamente para que puedan confiar en el correcto funcionamiento del sistema”.
Por último, creo que es importante en este debate profundizar también sobre los efectos políticos de los diferentes diseños o modelos de tecnologías utilizadas. No todas las “boletas únicas” funcionan igual: desde 2011 Córdoba, Santa Fe y Salta utilizan variantes de boleta única; las primeras dos en alternativas de papel, Salta con una versión electrónica. Las diferencias de diseños pueden potenciar determinados efectos como el voto cruzado entre categorías electorales. Resulta de utilidad entonces determinar cuál es el efecto que cada uno tiene en el comportamiento electoral y cuáles son los objetivos y posibles consecuencias de las reformas que, como sabemos, buscan cristalizar institucionalmente la distribución del poder. Si estos sistemas facilitan la probabilidad de gobierno dividido (cuando el legislativo y el ejecutivo están dominados por fuerzas políticas diferentes) y, en el límite, la parálisis gubernamental, es un punto a tener en cuenta.
(www.tuqmano.com / @TuQmano)
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La discusión acerca de la Boleta Única Electrónica (BUE) ha sido abordada desde distintas perspectivas, metodologías y visiones. Existen argumentos contrapuestos sobre su bondad en relación con la seguridad informática y el secreto del voto; la privatización del sistema; su implementación, y -algo menos debatido- los efectos potenciales del diseño. Ordenar la discusión, ya sea alrededor de estos ejes o de otros, pero ordenarlo, creo es de utilidad para un debate más y mejor informado.
Un primer grupo de argumentos alrededor de la tecnología refieren a temas de seguridad de los sistemas, por la eventual posibilidad de hackeo de los mismos, y la posibilidad de vulnerar el secreto de las votaciones. Javier Smaldone y Beatriz Busaniche (de la Fundación Vía Libre) se han esforzado en denunciar posibles irregularidades relacionadas con el voto electrónico en general, y sobre la BUE en particular.
Smaldone, por su cuenta, llevó adelante una demostración de cómo estas boletas podrían ser manipuladas con una simple aplicación de un teléfono celular. A ello se le replicó, en principio, que su experimento fue factible porque no se trataba de las boletas que se utilizan en elecciones reales, las cuales no pueden sobrescribir información una vez que ya han sido utilizadas, y solamente pueden ser leídas a una muy corta distancia. Una vez emitido el voto, el chip solo podría ser leído.
Sin embargo Smaldone señala lo que es para él otra faceta de la vulnerabilidad: se basa en que el sistema podría llegar a ser utilizado por punteros políticos para asegurarse el voto de un potencial cliente electoral: los votantes deberían hacer que un celular corriente – con una aplicación de fácil acceso pre cargada en el dispositivo- lea el voto antes de depositarlo en la urna. Con esa certeza por parte del puntero se procede al pago correspondiente por el voto al partido. Este argumento aparece simplemente como una versión HiTech de algunos mecanismos de control del voto a partir de los cuales los punteros políticos controlan sus clientelas. No sería, en sí mismo, un efecto generado por la implementación del nuevo sistema, sino una variante tecnológica de prácticas non sanctas electorales. El voto cadena como mecanismo fraudulento en elecciones tradicionales es un ejemplo de ello. Creo que en definitiva las dificultades tienen más que ver con un correcto diseño y puesta en práctica de la implementación que de características intrínsecas del sistema.
El sistema de la empresa Magic Software Argentina (MSA), proveedora para los comicios salteños y porteños, parece sortear muchas de las debilidades de otros sistemas de votación electrónica. Uno de los principales es que el proceso de escrutinio puede ser fiscalizado y reproducido, en tanto y en cuanto cada voto es impreso y depositado en una urna además de la grabación en el chip (RFID) que contiene la boleta. Esto último permite controlar que lo que se grabó sea equivalente a lo impreso; el soporte papel de la impresión del voto brinda además la posibilidad de un conteo manual. Esta es una de las principales diferencias con sistemas como los vigentes en India y Brasil, o que se dejaron de usar como los de Alemania y Holanda (en muchas ocasiones citados como ejemplos para disuadir de la implementación de alternativas electrónicas en nuestro país).
La única ventaja observable de la BUE sobre otras opciones de Boleta Única, en palabras de Smaldone, sería la rapidez con la que se contabilizan los votos. Creo sin duda que esta es una de sus mayores ventajas (junto al reaseguro de que no habrá faltante de boletas), y creo que es una muy importante, dado que la celeridad para hacer públicos los resultados es un elemento central de legitimación del proceso electoral; las demoras generan desconfianza y muchas veces son usadas políticamente por los actores involucrados para alimentar temores y sembrar dudas.
También se ha argumentado en contra de la novel tecnología con argumentos que apuntan a la “privatización del acto electoral”, como sostiene Busaniche. Esta postura pone énfasis en argumentos como la contratación de servicios para el desarrollo de los actos comiciales o el hecho de generar una elite tecnológica que sería la única con capacidad de auditar los sistemas informáticos. La polémica alrededor de la auditoría realizada en Salta, aunque con notorios intereses políticos, le da mayor fuerza al argumento. La pretensión del desarrollo de un sistema de código abierto, como una de las propuestas de Santiago Siri (presidente de DecomcracyOS), es una alternativa posible.
La auditoría de la tecnología es un requisito importante. Y, apartándonos un poco de la controversia coyuntural, es un buen indicador que la ley de la provincia de Salta para “Normas de control del Voto Electrónico” (Nº 7.730) haya sido una iniciativa de la oposición legislativa de la provincia y su trámite haya concluido con su aprobación por unanimidad en ambas cámaras. Pero las auditorías no las hacen los “ciudadanos de a pie”, sean estas con el sistema de votación que sea.
También se ha argumentado sobre los procesos licitatorios a través de los cuales se contratan los servicios y los derechos de patentes ligados a estos desarrollos tecnológicos. María Inés Tula señala que de ello también dependerá la transparencia y la confiabilidad del sistema, sobre todo al generar requisitos de auditoría y transparencia de los productos y servicios. Creo, sin embargo, que algunos de estos argumentos, planteados de manera desordenada para evaluar cuan bueno/malo es el sistema de votación, solo generan más ruido.
Busaniche ha publicado en su perfil de Twitter y en Vía Libre varias entradas en las que discute alrededor de estos temas. Sobre la patente, por ejemplo, muestra como la descripción que hace MSA sobre su “invento” avanza hacia lugares sobre los que supuestamente la BUE no llega (como el almacenamiento de los votos en la terminal). ¿Significa la descripción (¿de máxima?) del sistema en el trámite de la patente que la tecnología utilizada en los comicios de Salta y que pretenden usarse en la Ciudad de Buenos Aires tienen esas capacidades? Sobre las licitaciones, por otro lado, compartió una nota de Claudio Mardones en la cual se detallan los procedimientos administrativos llevados adelante por la administración macrista.
Creo que estos puntos son atendibles y que merecen ser tenidos en cuenta, pero para una discusión sobre la transparencia de la administración pública o, en un plano más teórico, sobre un debate Copyright – Copyleft, que excede a esta columna. De hecho, la propia Busaniche cuenta sobre la caducidad de la patente tramitada para el sistema de MSA, y por ello abierta la posibilidad de un “desarrollo de dominio público”, como defienden desde Vía Libre y Siri.
Por otro lado, la esencia del argumento de la privatización se basa en la sencillez. Esto es, que los electores tienen que ser capaces de discernir desde el momento que emiten el voto hasta el final del proceso cómo se dieron las cosas. Los sistemas con algún grado de informatización pasan de este modo a ser un problema para ellos. Lo que no queda claro es cómo la capacidad ciudadana de “ver todo el proceso” se extiende luego de que se firmaron las actas en el escrutinio de cada mesa: las urnas y los votos necesitan ser trasladadas, las actas transmitidas y cargadas a una base de datos y los resultados ser publicitados con claridad. Esto, claro está, necesita de mecanismos a partir de los cuales los partidos, apoderados, sociedad civil, autoridades, etc. pueden participar como contralor, según las previsiones estipuladas en las normas de Gobernanza Electoral. Pero no habría motivos porque la BUE tendría mayores problemas en estos aspectos. Ciudadanos (autoridades y fiscales) parecieran tener la misma capacidad en el primer conteo de los votos con la BUE que con el sistema tradicional.
Las críticas que apuntan a que existe oscuridad en el proceso, se apoyan en el ejemplo de Alemania, país pionero en voto electrónico, donde una decisión del Supremo Tribunal Constitucional generó una marcha atrás en el uso del voto electrónico. El tribunal superior germano argumentó que este mecanismo no generaba la confianza necesaria en los ciudadanos. Pero, a diferencia de Alemania, el sistema utilizado en las elecciones salteñas desde el año 2009 si permite que los ciudadanos entiendan los “pasos esenciales de la gestión electoral y de la determinación del resultado (…) de manera confiable y sin conocimientos técnicos especiales”. Al menos en el momento del recuento de votos. Este paso del proceso, siguiendo las palabras del Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, donde “los protagonistas son el presidente de mesa y los fiscales, sin terceros, es la piedra angular en que se asienta la democracia” (…) Lo que hacemos los que trabajamos en elecciones es meramente instrumental; el voto y el recuento en mesa son sustanciales”.
Llevado al plano local, como argumento contrario al citado caso alemán, podemos encontrar un estudio de CIPPEC realizado durante las elecciones salteñas de 2013 que muestra, en términos generales, un alto grado de confianza sobre la implementación y la usabilidad por parte de electores y autoridades de mesa, a la vez que estiman que este tipo de transformaciones conllevan procesos graduales de adaptación. El trabajo no deja de resaltar varias dificultades con la que los actores se encontraron a lo largo proceso eleccionario y algunas recomendaciones para mejorar su performance, pero ciertamente no descalifica su perfectible desempeño.
Acuerdo sí con la idea detrás del (informal) análisis de Delia Ferreira Rubio a partir de las respuestas poco informadas y contradictorias que le proporcionaron los capacitadores durante las PASO en la Ciudad; y creo que, como sostienen los documentos de trabajo de CIPPEC antes citados, es importante para el éxito de la implementación un adecuado plan de capacitaciones, diferenciando entre poblaciones socio demográficas, y un amplio acuerdo político de las fuerzas que acompañe estos procesos para generar mayores niveles de confianza. El caso de Salta parece transitar ese camino mucho mejor de lo que está sucediendo en la Ciudad. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ya advirtió sobre la posibilidad un dictamen desfavorable por este tema “si todos los votantes no son capacitados previamente para que puedan confiar en el correcto funcionamiento del sistema”.
Por último, creo que es importante en este debate profundizar también sobre los efectos políticos de los diferentes diseños o modelos de tecnologías utilizadas. No todas las “boletas únicas” funcionan igual: desde 2011 Córdoba, Santa Fe y Salta utilizan variantes de boleta única; las primeras dos en alternativas de papel, Salta con una versión electrónica. Las diferencias de diseños pueden potenciar determinados efectos como el voto cruzado entre categorías electorales. Resulta de utilidad entonces determinar cuál es el efecto que cada uno tiene en el comportamiento electoral y cuáles son los objetivos y posibles consecuencias de las reformas que, como sabemos, buscan cristalizar institucionalmente la distribución del poder. Si estos sistemas facilitan la probabilidad de gobierno dividido (cuando el legislativo y el ejecutivo están dominados por fuerzas políticas diferentes) y, en el límite, la parálisis gubernamental, es un punto a tener en cuenta.
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